La exresponsable de Grandes Proyectos señala a Gerardo Camps

La exsecretaria de Turismo de la Generalitat Valenciana, Cristina Morató, delegó ayer la responsabilidad del pago de los sobrecostes del Centro de Convenciones de Castellón en Gerardo Camps, exconseller de Hacienda en aquel momento, según reveló ayer la acusación particular del caso que investiga el juzgado número 5 de Castellón. Ayer le tocó al turno a Morató de declarar como imputada dentro de la causa que investiga el juzgado para ver si hubo responsabilidad penal en el pago de los 2,7 millones que el arquitecto Calatrava cobró por el proyecto del Centro de Convenciones.

Si bien la exdirectora no quiso hacer declaraciones a la salida de su declaración, sí las hizo el abogado José Luis Romero, quien representa a EU, acusación particular en el proceso. Según el letrado, Morató habría apuntado a Camps la decisión política última de pagar al arquitecto el triple de lo estipulado. No obstante, siempre según el abogado, «lo hizo amparado por el criterio de los técnicos» ya que, en caso de no satisfacer el pago, Calatrava podría haber denunciado a la Generalitat por incumplimiento.

Con este testimonio se cierran, en principio, las declaraciones en las diligencias previas que abrió el juzgado en septiembre y que quiere esclarecer por qué se pagó el triple de lo presupuestado a Calatrava.

Hasta ahora, de las declaraciones se desprende que el arquitecto proyectó un edificio central para este complejo por 60 millones de euros pero, tras recibir la petición de ampliar el centro con dos edificios más, se triplicó el precio y, en consecuencia, los honorarios del arquitecto.

La investigación ha llevado hasta el banquillo de los acusados a Calatrava quien defendió que en una reunión con el presidente de la Generalitat Francisco Camps convertir el proyecto en un complejo de tres edificios y que los trabajos del anteproyecto costaron más de un año de trabajo, de ahí el montante de 180 millones.

La defensa del arquitecto valenciano dijo que el presupuesto de 60 millones era «orientativo» y negó que recibiera la orden de Camps de triplicar el Centro de Convenciones que, por cierto, nunca se ha ejecutado. También el entorno del expresidente negó su participación en la decisión.