La Guardia Civil detiene a dos personas en Agost por las presuntas facturas falsas de UGT

La operación contra la supuesta trama de facturas falsas de UGT Andalucía acumula ya 16 detenidos, tras el arresto este miércoles de dos de los responsables de una empresa de fabricación de maletines y bolsos de Agost. Los empresarios de Carpetas Abadías habían colaborado con el sindicato para inflar o falsear facturas que el sindicato endosaba posteriormente a la Junta de Andalucía para justificar el cobro de fondos de formación para desempleados y destinar el dinero a otros fines. La Guardia Civil sostiene que esta "práctica ilícita" se mantuvo durante más de una década y "constituyó la principal fuente de financiación" del sindicato andaluz.

Los dos nuevos detenidos serán trasladados en breve a Sevilla para comparecer en el juzgado de instrucción 9, responsable de la investigación y donde hoy mismo han empezado a comparecer el resto de detenidos el martes en Sevilla, Madrid y Jaén. A primera hora el juez dejaba en libertad sin fianza al dueño de una empresa de artes gráficas, al que imputó los presuntos delitos de malversación y contra la hacienda pública. Entre los detenidos se encuentra el responsable de las finanzas y contabilidad del sindicato durante una década, Federico Fresneda, que abandonó su cargo el pasado año.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa apuntan a que el sindicato andaluz mantuvo durante 12 años una trama para falsear facturas que luego justificaba ante la Junta de Andalucía, un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo y que acabó convertida en la principal fuente de financiación del sindicato. La actual ejecutiva, elegida el pasado mes de enero tras la dimisión del secretario general Francisco Fernández Sevilla a raíz de este escándalo, rechazó tener ninguna contabilidad 'b' y aseguró que las denuncias por el uso de fondos públicos para gastos internos como regalos de maletines falsificados en congresos, comidas o contratación eventual de menores eran fruto de una venganza de extrabajadores perjudicados por un ERE.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía anunció que se personará en la causa ante los posibles perjuicios para la Administración, una acción paralela al análisis de los 21 expedientes de reintegro abiertos para examinar el destino de las subvenciones concedidas al sindicato y "recuperar los fondos públicos que hayan sido indebidamente percibidos por el sindicato", indica el Ejecutivo andaluz. De momento ya hay dos expedientes en firme que reclaman el reintegro de 1,8 millones de euros.

Cabe recordar que la segunda fase de la operación 'Cirene', desarrollada por la UCO bajo la coordinación y dirección de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, comenzó a primera hora de este martes y concluyó inicialmente con 14 personas detenidas en Sevilla --7--, Madrid --5--, Jaén --1-- y Tenerife --1--, tres de los cuales han estado o están actualmente vinculadas al sindicato.

Así, tres de los detenidos son trabajadores o extrabajadores del sindicato, entre los que se encuentra el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato y que ha sido detenido en Tenerife, donde según las fuentes consultadas se encontraba "de vacaciones".

Asimismo, el resto de detenidos serían representantes de las empresas que supuestamente realizaron facturas falsas al sindicato para que éste, a su vez, justificara las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para cursos de formación.

Según la Guardia Civil, UGT-A se financió mediante "fraude"

Además, y en la jornada del martes, la UCO efectuó media docena de registros en las provincias de Sevilla, Madrid y Jaén.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha permitido definir "diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato", considerando que "la vía más importante en la financiación" de UGT-A "podría haber sido esta presunta práctica ilícita".

Según la UCO, estos procedimientos "eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización", tratándose además de un fraude que "se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo".

Las denuncias de Manos Limpias

Fue la Audiencia Provincial de Sevilla la que acordó que la juez Mercedes Alaya dejara de investigar el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y que dicha investigación, iniciada a raíz de las numerosas denuncias presentadas por Manos Limpias, recayera en el juez Juan Jesús García Vélez, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla recayó la primera denuncia formulada por Manos Limpias el 13 de agosto de 2013 contra los dirigentes de UGT-A por "falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010, cuando los fondos tenían una finalidad de formación para desempleados", y "pagar con fondos finalistas de formación para desempleados gastos de funcionamiento".

El resto de ampliaciones de denuncias interpuestas por Manos Limpias, finalmente, se han acumulado a esta primera, iniciando el juez Juan Jesús García Vélez una investigación en la que trata de esclarecer el "desvío" de fondos de formación "y otros" por parte del sindicato UGT.