La UDEF ve un posible amaño de contratos en las pantallas para la F-1 de Valencia

Según consta en este informe, al que ha tenido acceso EFE, la UDEF considera que existen indicios lógicos de que la tramitación de expediente para el suministro, en régimen de alquiler, de las citadas pantallas se adjudicó directamente por la empresa pública de la Generalitat Circuito del Motor, al margen de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Expone que en esta tramitación se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia.

Además, expone la UDEF en este informe, la contratación directa de las pantallas por parte de Valmor (firma constituida por Fernando Roig, Jorge Martínez "Aspar" y Bancaja para la organización de la Fórmula 1) en 2011 permitió eludir las normas de contratación pública y generó "deterioro económico de Valmor".

Esta empresa fue finalmente comprada por Circuito del Motor por un euro, asumiendo una deuda cercana a los 40 millones de euros.

La contratación de las pantallas, según el citado informe, fue realizada en cuatro de los cinco grandes premios por la empresa pública Circuito del Motor, y en 2011 por Valmor.

En 2088 se utilizó el procedimiento de negociado sin publicidad a través de una tramitación de urgencia justificada en la imprevisibilidad y en el interés público del evento.

El resto de los años se siguió una tramitación ordinaria mediante negociado sin publicidad.

La sociedad adjudicataria ente 2008 y 2011 fue Avega, si bien en 2011, ante los problemas económicos de esta firma y aun siendo la adjudicataria, no pudo afrontar la ejecución del contrato y fue la propia Valmor la que contrató con Alfassom, que había participado en la licitación.

En 2012 fue nuevamente Circuito del Motor la que efectuó la contratación y resultó adjudicataria la firma Faber Audiovisuals.

En el análisis de la documentación, los agentes de la UDEF ven "inconsistencias" -por la carencia de justificación de la necesidad de los contratos, inexistencia de documentos acreditativos de disponibilidad de crédito o falta de valoración de las ofertas, entre otras razones-, además de irregularidades en las fechas de emisión de documentos.

Todo ello les induce a considerar que "no estamos ante un verdadero expediente administrativo" sino ante una serie de documentos elaborados a posteriori "exclusivamente con la finalidad de configurar un supuesto expediente y otorgarle apariencia exterior de integridad y veracidad".

La documentación del proceso fue realizada por el despacho Broseta Abogados, que pone de manifiesto en su informe decenas de correos electrónicos, "en varios casos con posterioridad al inicio del proceso de licitación con el fin de que fueran incluidos en el expediente".

"Desde este despacho -añade el informe- se buscaban soluciones a los problemas planteados por Circuito del Motor como por ejemplo los derivados del exceso de facturación, la utilización recurrente del procedimiento negociado sin publicidad o la no existencia de documentos en el expediente, si bien ya se había prestado el servicio y emitido la factura por el proveedor".

En las conclusiones, la UDEF expone que "es Broseta Abogados quien elabora la justificación jurídica para enjugar el sobrecoste del suministro de las pantallas por parte del proveedor en diciembre de 2008, proponiendo la realización de un modificado de contrato por una causa sobrevenida de interés público cuyo documento justificativo se hace datar de forma anticipada el 25 de agosto".

En esta causa constan como investigados el expresident Francisco Camps, "Aspar", la exconsellera de Deportes Dolores Johnson y los exdirectivos de la sociedad pública Proyectos Temáticos Belén Reyero y Nicolás Figueras.

El juzgado que instruye este caso separó la investigación en dos piezas; en la primera se investigan las negociaciones previas para traer a Valencia el Gran Premio de Fórmula 1 y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports, y en la segunda la absorción de Valmor por la empresa pública Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.