El Tribunal de Cuentas requirió dos veces al Bloc su balance bajo sospecha

El órgano fiscalizador solicitó en dos ocasiones (febrero y julio de 2010) la contabilidad del citado ejercicio a la formación mayoritaria en el seno de Compromís, aunque en aquellos comicios se presentaron bajo el paraguas de Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana. «A pesar de las reiteradas solicitudes, la formación política no ha remitido las citadas cuentas anuales ni el preceptivo informe al que hace mención el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007 ni cualquier otra documentación contable», recoge el dosier de la entidad que vigila los partidos políticos.

Es más, el Tribunal de Cuentas añade que la formación nacionalista no ha dado una explicación que justifique la ocultación de esos datos. Además, precisa que esa omisión contraviene el deber de colaboración sobre financiación de los partidos políticos y «menoscaba la transparencia y publicidad de la actividad económico-financiera desarrollada por el partido». La coalición obtuvo representación parlamentaria en los comicios autonómicos y locales de mayo de 2007. Las citadas organizaciones, en cambio, sí presentaron sus datos al TC y al Síndic de Comtes, que emitieron informes de fiscalización al respecto.

La dimensión política de los acontecimientos puede verse eclipsada porque se trataría de unos hechos que habrían prescrito y que no generarían ningún tipo de responsabilidad penal para los autores. La supuesta financiación ilegal, pago de eventos electorales por empresarios, se gestó alrededor de la empresa Crespo Gomar. Luego, la mercantil obtenía como contraprestación importantes adjudicaciones públicas. Por ejemplo, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibieron cerca de tres millones de euros.

La sociedad era propiedad del hijo de Antoni Gomar, concejal socialista de Gandia y en ella trabajó Josep Ramon Tiller, que fue jefe de gabinete de Lerma en la Generalitat y de Pepa Frau y José Manuel Orengo como alcaldes de Gandia. Tiller fue miembro de la candidatura del PSPV en Castellón en los 90 y ocupó la cúpula de Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, al principio de la actual legislatura. Fue el hombre que presuntamente iba a enterrar la etapa de corrupción que había vivido la empresa pública con la gestión de Marcos Benavent.

Las reacciones políticas siguieron sucediéndose durante la jornada de ayer. El PP, que fue quien denunció estos hechos en una comisaría, reclamó por segunda semana consecutiva la celebración de elecciones anticipadas, un asunto que empieza a situarse cada vez con más intensidad en las agendas de Compromís y PSPV. No obstante, ahora la convocatoria se debe al «hundimiento del Titánic», forma irónica con la que se refieren al pacto del Botánic.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, instó al president de la Generalitat, Ximo Puig, a convocar elecciones porque «no se puede mantener un gobierno corrupto». En un comunicado, Ortiz pidió a Puig que «sea valiente, convoque elecciones y deje a los valencianos la posibilidad de poder elegir un nuevo gobierno». «Todavía estamos esperando a que Puig y Oltra asuman responsabilidades políticas y cesen a los implicados», indicó Ortiz. No tardó en responder Manolo Mata, el síndic del PSPV a recordar el historial delictivo que arrastran los populares. «Sería deseable que por una vez fuera prudente»e indicó que el PP es «el único partido que tiene a dos presidentes de la Generalitat imputados, un conseller en la cárcel y una consellera condenada a nueve años de prisión es el PP valenciano».

Respecto a las informaciones, el socialista indicó que «ya las denunció el PP como un gran escándalo en 2009 y 2010 y, sin embargo, jamás llevaron nada a los tribunales». Según Mata, ello se debe a que «el Gobierno de Mariano Rajoy, el de Arturo Torró en Gandia y el del PP en Benidorm saben que todas las adjudicaciones se hicieron correctamente en España, en Gandia y en Benidorm», insistió el dirigente.