Las elecciones de 2007, un proceso salpicado por la financiación ilegal

PP, PSPV y Bloc se encuentran cuestionados en unos comicios en los que todos consiguieron diputados

A. G. R. VALENCIA.

En el año 2007, la mayoría de los partidos políticos que obtuvieron representación bordearon la legalidad. Bueno, algunos directamente se adentraron en el terreno de lo delictivo, si damos por buena la confesión de Ricardo Costa, los empresarios y los miembros de la trama Gürtel en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional.

La idea se resume en empresarios pagando actos electorales. Un modelo prácticamente idéntico al construido alrededor de las empresas de Correa es el que presuntamente se orquestó para dar soporte a los actos electorales del PSPV y el Bloc. De la Gürtel de los populares a la Crespo Gomar de los socialistas únicamente cambia el nombre y los beneficiarios. Pero la estructura es la misma. ¿Qué ocurría en aquellos comicios? ¿Era una práctica común en los partidos políticos esta forma de costear las elecciones? Llama la atención que precisamente quienes con más virulencia han criticado las revelaciones relacionadas con el PP comprueben ahora como el virus de la financiación ilegal también les había contagiado a ellos.

Lo mismo supuestamente ocurrió en el PP de Valencia -al parecer funcionaba como un órgano independiente de las estructuras provinciales- en aquellas elecciones. La confesión de un 'arrepentido', en este caso el exasesor de los populares Jesús Garrido, permitió conocer con detalle cómo el PP, especialmente de la mano de Alfonso Grau, logró una cantidad de fondos superior al millón de euros para sufragar la campaña de Barberá. El sistema, de nuevo, se repetía. Contratistas del Ayuntamiento realizaban donaciones o pagaban facturas por servicios ficticios a la empresa Laterne que, en realidad, escondían actos electorales. El papel de los arrepentidos o simplemente movidos por la venganza resulta clave para el descubrimiento de hechos de este tipo. En el caso de Crespo Gomar también ha sido esta circunstancia clave al difundirse información interna de la compañía, que desapareció en 2011.

Lo anterior, en parte, pone el foco en la falta de efectividad de los controles realizados hasta la fecha. De hecho, la mecánica de la financiación ilegal de los partidos políticos se ha extendido en el caso del PP justo hasta los comicios de 2015, según sostiene la Guardia Civil en sus informes sobre el blanqueo de capitales.

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