Un juzgado reactiva otra causa contra el PP por la visita del Papa

Peregrinos cogen sitio cerca del altar durante la visita del Papa a Valencia en 2006. / efe/j. j. guillen
Peregrinos cogen sitio cerca del altar durante la visita del Papa a Valencia en 2006. / efe/j. j. guillen

La pieza investiga las contrataciones de la Fundación V Encuentro tras el informe elaborado por la Intervención que encargó el tripartito

F. M.

La visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, objeto hasta ahora de una investigación judicial -la pieza de Gürtel que rastrea el dinero presuntamente desviado en la adjudicación del contrato de las pantallas y equipos de sonido- suma un nuevo procedimiento en los tribunales: el titular del juzgado de instrucción número 5 de Valencia ha comenzado a remitir notificaciones a los afectados, en las que les comunica que mantiene una causa abierta y que se está investigando. Entre quienes las han recibido se encuentran el expresidente Francisco Camps y el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero. Se investigan los supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación con las contrataciones realizadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.

La comunicación de la existencia de esta nueva pieza se ha producido en las últimas fechas. Camps ocupaba la presidencia de honor de esta Fundación, junto al entonces Arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco. En la relación inicial de nombres que constituyeron el patronato figuraban el exvicepresidente Víctor Campos, la exalcaldesa Rita Barberá y el expresidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner. Escudero aparecía como responsable de la dirección de la entidad.

La investigación que se abre ahora arranca del contenido de un informe de la Intervención General de la Generalitat elaborado a principios de 2016. Dos años después, el juzgado pone bajo el foco las contrataciones que se realizaron hace ahora doce años, cuando se constituyó la Fundación.

Se investigan supuestos delitos de malversación y prevaricación en la Fundación V Encuentro. El expresidente Camps y el obispo auxiliar Esteban Escudero han recibido ya las notificaciones

El informe en cuestión, solicitado por el Gobierno del Botánico a finales de 2015, explica que la mencionada Fundación contaba con representación del Arzobispado, así como de la Generalitat, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Valencia. Para su puesta en marcha, según relata este informe, cada uno de los cuatro participantes en la Fundación realizó una aportación de 10.000 euros. Sin embargo, en marzo de 2014 el patronato de la Fundación acordó reconocer -en pleno proceso de liquidación- un aumento de la «dotación fundacional» de dos millones de euros por parte de la Generalitat realizado en el ejercicio de 2010 -que suponía que ya había desembolsado el 98,53 % de la aportación inicial-. El informe, para el que se contrató a un auditor privado, señala que por este motivo esta fundación debió ser considerada como una más de las del ámbito del sector público. «Esta situación es constitutiva de un incumplimiento de legalidad al suponer la inaplicación de facto de la normativa contenida en el artículo 33 de la Ley de Fundaciones. El informe de la Intervención detectó la «ausencia general de cumplimento de los procesos de legalidad que debieron ser aplicados en contrataciones con Acciona, Cavaltour, Zenithbrmedia y Vaersa, dada la configuración de la fundación como entidad del sector público de la Generalitat».

Acciona fue la firma responsable del suministro, colocación, limpieza y mantenimiento de sanitarios por 3,17 millones de euros; Cavaltour obtuvo un contrato por 1,7 millones para alojamiento hotelero; Zenithbrmedia fue la empresa encargada del asesoramiento, la planificación y compra de medios para una campaña publicitaria por 826.651 euros y la empresa pública Vaersa fue contratada por 519.011 euros para suministro de materiales y obras.

Los hechos investigados son de 2006 por lo que serían susceptibles de haber prescrito. El Consell del Botànic incluyó en 2015 a esta Fundación entre las que se debían auditar

La reactivación de esta causa parece justificada en el interés de evitar la prescripción de los supuestos delitos justificados -diez años para malversación y prevaricación-. Como las contrataciones cuestionadas se habrían realizado durante 2006, ese plazo ya se habría cumplido.

No obstante, la modificación del Código Penal abrió la puerta a un periodo mayor de prescripción para aquellos casos en los que estos delitos revistieran de una especial gravedad. Y éste sería el argumento utilizado para reactivar la causa.

Pese a ello, la modificación del Código Penal que recoge este supuesto -y eleva a 15 los años para la prescripción- no se aprobó hasta 2007, de manera que tampoco afectaría a unos hechos supuestamente cometidos con anterioridad (no puede tener carácter retroactivo).

Entre los argumentos aprobados por el informe de la Intervención aparece una referencia a la necesaria aplicación de la ley de contratos públicos en una Fundación cuyo capital mayoritario era público. El criterio choca, no obstante, con el hecho de que la Fundación V Encuentro se constituyó como entidad sujeta al derecho privado, de manera que esa normativa tampoco le sería de aplicación. De hecho, el cambio de la Ley de Fundaciones que exige que las entidades con más del 50% de capital público tendrán la consideración de públicas es de 2008, también posterior a los hechos investigados. Y la norma que les obligaba a someterse a la ley de contratos es de 2007.

Otra documentación

El origen de esta causa se sitúa en la elaboración de este informe de la Intervención General, a pesar de que en la otra pieza de Gürtel que investiga la visita del Papa el magistrado José de la Mata ya decidió en 2016 remitir a Valencia documentación relacionada con los contratos de la Fundación V Encuentro. La investigación podría salpicar también alas empresas que tuvieron alguna participación en el evento que tuvo lugar en 2006. De hecho, en el marco de la investigación abierta a la empresa pública Vaersa también se localizaron una serie de correos electrónicos que pusieron el foco en los contratos que la firma suscribió con la misma Fundación.

La titular del juzgado que llevaba la pieza del caso Vaersa entendió entonces que aquellos documentos no guardaba relación alguna con su procedimiento y decidió separarlos y remitirlos al decanato por si eran susceptibles de la apertura de otro procedimiento judicial.

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