El Consell del Botánico contrata a dedo un 20% más que el Ejecutivo de Fabra

1 Gabriela Bravo, Conselleria de Justicia, 162 contratos menores desde julio de 2015. 2 Ximo Puig, Presidencia, 289 contratos menores. 3 Manuel Alcaraz, Transparencia, 49. 4 Rafael Climent, Economía, 85. 5 Vicent Marzà, Educación 1014. 6 Mónica Oltra, Igualdad, 848. 7 Elena Cebrián, Agricultura, 478. 8 Mª José Salvador, Vivienda, 249. 9 Carmen Montón, Sanidad, 7.768. 10 Vicent Soler, Hacienda, 244/C.C / B. Z.
1 Gabriela Bravo, Conselleria de Justicia, 162 contratos menores desde julio de 2015. 2 Ximo Puig, Presidencia, 289 contratos menores. 3 Manuel Alcaraz, Transparencia, 49. 4 Rafael Climent, Economía, 85. 5 Vicent Marzà, Educación 1014. 6 Mónica Oltra, Igualdad, 848. 7 Elena Cebrián, Agricultura, 478. 8 Mª José Salvador, Vivienda, 249. 9 Carmen Montón, Sanidad, 7.768. 10 Vicent Soler, Hacienda, 244 / C.C / B. Z.

Durante la primera mitad de la actual legislatura, el Gobierno valenciano realiza cerca de 2.200 adjudicaciones sin concurso más que a lo largo de los dos años anteriores

D. Burguera
D. BURGUERAValencia

Los contratos menores, al margen de concursos públicos, se cuentan en la Administración valenciana por miles. En lo que va de legislatura, la Generalitat, tanto a través del Consell como de su sector instrumental (empresas, fundaciones, institutos, sociedades y agencias), ha adjudicado más de 17.000 contratos menores. Cada día, desde los despachos de la Conselleria de Sanidad, desde Vaersa, Presidencia, IVAM... se decide gastar el dinero haciendo encargos a través de un procedimiento cerrado. A diario se adjudican cerca de una veintena de contratos menores, un modo de contratar utilizado más ahora que en los años inmediatamente posteriores, cuando aún gobernaba el PP.

El contrato menor agiliza la gestión. Cierto. No es ilegal. Esa es la parte buena. La parte mala es que los controles públicos se relajan, y a veces se actúa con tanta laxitud que esta práctica acaba en manos de la fiscalía, que es lo que ahora le pasa al Consell. La vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Educación y Transparencia, Vicent Marzà y Manuel Alcaraz, respectivamente, optaron por un ‘modus operandi’ que ha propiciado que, en el plazo de algo más de una semana, se haya desvelado que su gestión está en manos del ministerio público. El PP ha llevado la situación a los tribunales.

El gobierno autonómico surgido del Pacto del Botánico, acuerdo firmado por PSPV, Compromís y Podemos, sirvió para que socialistas y nacionalistas se repartiesen los cargos del Ejecutivo. Fueron ellos los que, en sus dos primeros años de mandato, aprobaron más adjudicaciones sin concurso que sus antecesores través de esta controvertida forma de gasto del dinero público.

La Conselleria de Sanidad acapara el 45% de las adjudicaciones sin concurso

El Consell botánico adjudicó, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2017 un total de 13.689 contratos menores, según el portal de Transparencia de la Generalitat. La base de datos de este portal no cuenta con datos públicos de contratación más allá de junio de 2013. La comparativa con la gestión del PP se puede hacer no más allá que sobre los dos últimos años del Ejecutivo presidido por Alberto Fabra.

El Gobierno autonómico popular adjudicó, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2015 un total de 11.454 contratos menores, cerca de 2.000 encargos a dedo menos que en los dos años inmediatamente posteriores.

El actual Consell incrementó esta práctica en casi el 20% (el 19,51%, exactamente) durante sus dos primeros años de gestión respecto a los dos últimos del Gobierno valenciano en manos del PP.

Los contratos más opacos

Los contratos menores se justifican ahora y siempre por la necesidad de atender situaciones urgentes e inaplazables. Sin embargo, su idoneidad genera dudas: en el plano político, por considerarse una señal de imprevisión y cortoplacismo; en el terreno del control de la gestión, por generarse una menor transparencia en el gasto del dinero público que en los procedimientos abiertos, por concurso. Resulta paradójico que un Consell que abandera la lucha contra el enchufismo y aboga por la contratación a través de concursos públicos como garantía de lucha contra la corrupción haya utilizado los contratos menores tanto (en realidad, más) como el PP en su último tramo al frente del Ejecutivo.

Un contrato menor es un encargo de la Administración a una empresa (o a un autónomo) por un importe que no supere los 50.000 euros en el caso de los contratos de obras y los 18.000 euros si la adjudicación es de servicios y suministros. Son contratos a dedo. Se exige la autorización del gasto rubricada por el órgano competente y una factura en regla. Y ya. Incluso se puede acompañar el encargo con la constatación de que se han solicitado, al menos, tres presupuestos distintos. La presencia de otras ofertas no es obligatoria. Es una especie de gesto de buena voluntad de la Administración para demostrar su deseo de ajustar el gasto. Sin embargo, a veces es una cuestión más de estética teórica que de ética real. En ocasiones esas ofertas supuestamente alternativas provienen del entorno de la adjudicataria (otras empresas filiales, o incluso de familiares), tal y como LAS PROVINCIAS ha desvelado en algunas contrataciones realizadas en 2016 por parte del área de Cultura de la Diputación de Valencia. Hecha la ley, hecha la trampa, sobre todo si no hay concurso público de por medio y la fiscalización es ‘a posteriori’. La Intervención de la Diputación aclaró en un reciente informe su incapacidad para detectar, entre 15.000 contratos que pasan por sus manos, si se puede dar el caso de que se encargue un mismo servicio alternativamente a través del contrato menor a una empresa y a sus dos administradores. Y efectivamente, eso ha pasado.

Renovación del Pacto del Botánico en octubre pasado.
Renovación del Pacto del Botánico en octubre pasado. / Damián Torres

Más de 160 millones

La Sindicatura de Comptes ha llamado la atención sobre la querencia de algunos gobiernos botánicos por esta fórmula de contratación tan ágil como poco transparente. El órgano auditor llamó la atención tanto al Consell como al propio Ayuntamiento de Valencia, donde la oposición asegura que el alcalde Ribó ha autorizado cerca de 5.000 contratos menores en dos años por un valor cercano a los 30 millones. A través de las adjudicaciones a dedo, el actual Ejecutivo autonómico lleva gastados en lo que va de legislatura entre 160 y 180 millones de euros.

La Conselleria de Sanidad acapara el 45% de las adjudicaciones sin concurso

En el informe de la Sindicatura de Comptes que analiza la actividad de la Generalitat en 2016, primero en el que la gestión se atribuye íntegramente al Consell del Botánico (Puig y su equipo celebran su primer pleno el 1 de julio de 2015, por lo que la primera mitad de aquel ejercicio es responsabilidad del anterior Ejecutivo), el auditor realiza una serie de observaciones respecto a la contratación. Señala que en los expedientes que revisó «no consta una justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios tenidos en consideración para adjudicar los contratos». O sea, que no se sabe por qué el Consell adjudica las cosas a unos o a otros. Se revisaron 39 expedientes y «con carácter general», no aparecían las razones de las contrataciones, además de aparecer puntualmente en algunas tramitaciones una serie de justificaciones ambiguas, amparadas por juicios de valor. Igualmente, se indica que desde la Conselleria de Sanidad «se tramitan, en un volumen importante» contratos menores a través de la caja fija, y señala: «gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos». O sea, una triquiñuela contractual de manual.

La Sindicatura critica que en los contratos menores «se observa, con carácter general, una insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato y fraccionamiento indebido de su objeto». El auditor recomienda «reducir el número de contratos menores» e implantar sistemas para identificar, controlar y poder hacer seguimiento de todos los contratos, si bien subraya: «incluidos los menores».

El actual Consell se esfuerza por lanzar el mensaje de que se trata de un Ejecutivo que planifica su actividad. De cada seminario celebrado (se encierran cada seis meses todos juntos para evaluar su actividad y establecer nuevos objetivos) surgen multitud de planes. El Gobierno presidido por Ximo Puig destaca que cumple con sus objetivos, que no son otras que elaborar planes para intentar resolver problemas. Tanta planificación, sin embargo, choca con esa facilidad con la que se utilizan los contratos menores, una solución administrativa creada, precisamente, para paliar imprevistos, las situaciones no planificadas. Pasó un año, dos y el Consell va camino del tercero sin que haya sido capaz de sacudirse una práctica que le afea la Sindicatura de Comptes.

En el informe de la Sindicatura de la Cuenta General de 2016 se indica que en ocasiones las declaraciones de urgencia o emergencia para contratar a unos o a otros «no están debidamente motivadas o justificadas».

Sanidad lidera

Tal y como también incide el informe de la Sindicatura, Sanidad es la que acapara la mayor parte de los contratos menores adjudicados por la Generalitat en lo que va de legislatura. El departamento que dirige la socialista Carmen Montón ha realizado más de 7.700 adjudicaciones a dedo desde julio de 2015, cerca del 45% del total del Ejecutivo valenciano a través de esta modalidad de contratación. El día a día sanitario parece imposible de sistematizar y el gasto urgente e inaplazable es el pan de cada día. Ferrocarrils de la Generalitat es otra de las entidades adjudicadoras más proclives a emplear esta fórmula: para suministro de aros de las ruedas de tranvía o para adquirir grasa para los desvíos de las vías, pasando por la remodelación de oficinas.

FGV contrata más a dedo que la Conselleria de Educación. Igualdad, el departamento que dirige Oltra, se acerca al millar de contratos menores. Llama la atención que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, una de las que cuenta con menor presupuesto, acumule casi medio millar de contratos menores, el doble que Hacienda y cinco veces más que Economía. Tras la conselleria de Elena Cebrián se sitúa la del propio Ximo Puig. Presidencia acumula en dos años y medio casi 300 contratos menores.

Contratos menores

De julio de 2015 a enero de 2018
17.000 contratos menores ha adjudicado la Generalitat a través de sus consellerias, institutos, empresas y agencias. Cerca de una veintena al día.
Dos últimos años del PP
11.400 adjudicaciones a dedo realizó el Consell de Fabra desde junio de 2013 hasta junio de 2015. Una quincena de contratos menores cada día.
Primera mitad de legislatura
13.600 contratos menores se firmaron desde el 1 de julio de 2015 hasta junio de 2017. El actual Gobierno valenciano ha incrementado en un 20% la utilización de esta fórmula de adjudicación sin concurso público.

Fotos

Vídeos