Las Provincias

El día que González firmó por ‘Gürtel’

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración. / Efe
  • El expresidente de la Comunidad de Madrid fue quien autorizó la venta de la parcela de Majadahonda, el origen de la trama según Correa

Ignacio González pasó ayer su tercera noche de prisión en el módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real. El miércoles fue detenido. Ese día se destapó la caja de los truenos, comenzaron a conocerse detalles de cómo el expresidente de la Comunidad de Madrid, supuestamente, saqueó el Canal de Isabel II, una empresa pública de aguas que, apuntan fuentes de la investigación, pudo llegar a tener un quebranto superior a los 60 millones de euros. Que la sombra de la corrupción planeaba sobre González era algo sabido. A pocos sorprendió la noticia de que quien fuera el número dos de Esperanza Aguire no tenía un pasado tan inmaculado como el que la propia Aguirre se atrevió a apostar: «Pondría la mano en el fuego por él». Pero González matizó: «Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí». Sus trayectorias políticas han ido siempre de la mano desde que ella lo eligió como vicepresidente en noviembre de 2003.

Sólo siete meses después, Ignacio González autorizó un pelotazo urbanístico. Se cree que el primero. El entonces vicepresidente, portavoz y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid dio el visto bueno con su rúbrica a la venta de unas parcelas de Majadahonda –52 hectáreas, tanto como 52 campos de fútbol–. Una operación que se considera la «génesis» del ‘caso Gürtel’, según Correa, y comenzaba su expansión la ‘trama Púnica’ de Francisco Granados.

Una guerra sin cuartel

El relato de los hechos, en boca de Esperanza Aguirre, es que ella había destapado –«sin saberlo», puntualiza siempre, la última vez este jueves ante la Audiencia Nacional– la trama corrupta liderada por Correa. En realidad, lo que había detrás era una guerra sin cuartel en el PP madrileño para gestionar la venta de suelo público en el municipio de Majadahonda, que en pocos años había pasado de ser tierra de pastos a una de las zonas más demandadas para vivir en las afueras de la capital. Hablando en euros, Correa declaró en sede judicial que en Majadahonda llegó a embolsarse más de 27 millones en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que le pagaron la correspondiente comisión.

La batalla final se libró a mediados 2004, cuando el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (que se enfrenta a hasta 50 años de cárcel en el juicio de ‘Gürtel’ por haberse llevado más de dos millones de euros con las actividades de Correa), decidió sacar a concurso por 48 millones de euros la parcela RN-1 y por otros 35 millones la parcela D. Como el precio de la venta era superior al permitido para una corporación local, el Ayuntamiento de Majadahonda pidió permiso a la Comunidad de Madrid.

Ahí entró en escena Ignacio González para aprobar las condiciones y autorizó la venta, «siempre que el precio de las parcelas, se ajuste a los informes emitidos por el arquitecto municipal», como consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

A partir de ahí, el alcalde de Majadahonda tiró por su lado, quería amañar la venta para que se la llevara Martinsa, la empresa de Fernando Martín, investigado por uno de los grandes pelotazos urbanísticos de ‘Gürtel’ en Arganda del Rey; Narciso de Foxá, quien a la postre arrebató la alcaldía a Ortega, pretendía que la operación de urbanización de la zona la llevara la empresa pública de suelo, Pammasa; y el entonces arquitecto municipal realizó un informe descalificando todas las ofertas presentadas, menos una, la de Afar 4, una empresa local propiedad de un íntimo amigo del secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, recientemente condenado a un año de prisión por un delito continuado de apropiación indebida por gastarse 212.000 euros con la tarjeta ‘black’ de Caja Madrid. Ortega montó en cólera, intervino Esperanza Aguirre y se suspendió el concurso.

Nueva dimensión

Aquí podría ponerse el punto final de la historia, de no ser porque quedaron unos cuantos cabos sueltos. Porque hasta la suspensión del concurso, todo había ido por los cauces administrativos legales, con firma de Ignacio González incluida, lo que hoy adquiere una dimensión distinta tras destaparse el nuevo caso de corrupción que afecta al PP, la operación Lezo. Es más, todos los concejales populares, en un primer momento, votaron a favor de los pliegos y el precio de la parcela RN-1. O lo que es lo mismo, José Luis Peñas, el edil de Majadahonda señalado entonces y denunciante del ‘Gürtel’, no urdió un plan para beneficiar a las empresas de Correa.

Ortega acabó fuera del Ayuntamiento –se fue a otro cargo público por decisión de Aguirre– y le sustituyó De Foxá. Peñas y el otro concejal en su día calificado de díscolo, Juan José Moreno, fueron expulsados del partido y montaron otro independiente. Comenzaron a trabajar con Correa, y en el caso de Peñas también a grabarlo. Hasta que decidió denunciar y desmontar la trama ‘Gürtel’. Su abogado, Ángel Galindo, interpeló a Aguirre sobre la parcela de Majadahonda y otras operaciones urbanísticas el pasado jueves cuando declaró en el juicio. La expresidenta, acorralada por el letrado, se refugió en su mantra: «Yo destapé ‘Gürtel’ sin saberlo». Y González autorizó, sabiéndolo, aquella operación de Majadahonda.

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