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Nueve nombres clave en la obra pública y la promoción inmobiliaria de la Comunitat

Nueve nombres clave en la obra pública y la promoción inmobiliaria de la Comunitat

Los investigados están detrás de empresas como Sedesa, Lubasa, Grupo Gimeno, CHM o Enrique Ortíz e Hijos, también en Brugal

Á. MOHORTE

Viernes, 10 de febrero 2017, 00:06

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Los nueve empresarios y directivos imputados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano que alcanzaron ayer un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción son algunos de los nombres más conocidos del sector de la construcción desde el cambio de siglo y habituales adjudicatarios de obra pública en la Comunitat Valenciana.

Vicente Cotino Escribá Expresidente de Sedesa

Empresario y sobrino del político Juan Cotino

Presidente de la empresa de construcción de vivienda, obra pública y gestión de residencias de ancianos Sedesa entre 1990 y 2010, es sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino. Aunque buscó mercados exteriores para su actividad al estallar la crisis, su zona de contratación recurrente era la provincia de Valencia. Tras la quiebra de Sedesa, actualmente preside la empresa Pontia Capital, que presenta como propia la experiencia constructora de Sedesa. Hace unas semanas fue condenado a año y medio de prisión junto a José Luis Olivas por fraude y falsedad documental, al ser considerados autores de una acción concertada para defraudar a Hacienda. El juez considera que el ex presidente de Bancaja cobró del empresario por un supuesto informe para la venta de la participación de una empresa energética de Cotino a dos compañías, una de ellas Iberdola, donde Olivas era consejero. En el caso Gürtel, se atribuye a Sedesa haber entregado al PP 150.684 euros.

Enrique Gimeno Escrig Presidente del Grupo Gimeno

El hombre fuerte de la obra pública de Castellón

Heredero de la histórica compañía Viuda de Gimeno, este empresario castellonense presidente del Grupo Gimeno, de cuyas empresas la más conocida es la Sociedad de Fomento Agrario Castellonense (Facsa). El grupo desarrolla actividades de obra pública, gestión y canalización de aguas, además de la construcción de viviendas y apartamentos, la gestión hotelera, de agencias de viajes y del parque acuático Aquarama de Benicassim. Se considera que Facsa abonó 405.668 euros.

Rafael Martínez Berna Expresidente de la patronal Coepa

El patrono que dimitió al pactar adjudicaciones

Martínez Berna ejerció la presidencia de la patronal alicantina Coepa de 2009 a 2011, es propietario junto a sus hermanos del Grupo Vallalba, matriz de Hormigones Martínez (CHM) y Pavimentos del Suroeste, ambas especializadas en obra pública, sobre todo infraestructuras viarias. Su cargo patronal lo tuvo que dejar después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le multara en 2011 por pactar precios con otras 46 compañías del sector, formando un cártel para pactar las ofertas que se presentaban en los concursos de obras públicas del Ministerio de Fomento y repartirse luego las licitaciones. En su caso, se daba por probado que entraba en el reparto de las de la provincia de Alicante. El pasado mes de enero dejó la presidencia de CHM y el consejo de administración de la empresa familiar junto a su hermano Tomás Martínez Berna.

Tomás Martínez Berna Consejero del Grupo Vallalba

Constructor y hermano de Rafael Martínez

Consejero del Grupo Vallalba y hermano de Rafael Martínez Berna. A ambos se les considera responsables de que el Grupo Vallalba abonara al PP 199.520 euros.

Alejandro Pons Dols Director general de Piaf

Adjudicatario habitual de la Diputación de Fabra

Empresario castellonense de Villa-real, director general de la empresa Piaf SL. Se le investigaba principalmente por contrataciones con la Diputación de Castellón en tiempos de Carlos Fabra.

Antonio Pons Dols Exconsejero delegado de Piaf

Cambió su declaración tras pactar su hermano

Exgerente y exconsejero delegado de la empresa Piaf. Inicialmente negó las acusaciones, pero cambió su declaración tras hacerlo su hermano. Se considera acreditado que la constructora Piaf, por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons, entregaron al PP 31.312 euros por sus servicios

Gabriel Alberto Batalla Reigada Director General del grupo Lubasa

El heredero de Luis Batalla

Empresario castellonense, director general del Grupo Lubasa y sucesor del empresario Luis Batalla. Sus actividades a través del grupo Obinesa aglutinan tanto la producción cerámica con el Grupo Saloni, así como construcción y concesionarios de vehículos y gestión de aparcamientos. Se estima en el sumario que Lubasa entregó al PP 110.200 euros.

Enrique Ortiz Presidente de Grupo Cívica

El primer empresario arrepentido del caso

Afincado en Alicante, actualmente es el presidente del Grupo Cívica, anteriormente llamada Enrique Ortiz e Hijos SA, y fue presidente del Hércules CF. Su ocupación principal ha sido la promoción inmobiliaria, la construcción de viviendas y la obra pública, además de la gestión de servicios públicos con concesión administrativa. También es investigado en el caso Brugal. Fue el primero en aceptar haber realizado pagos al PP, junto a José Francisco Beviá, su hombre de confianza para los negocios en Valencia.

José Francisco Beviá Delegado de Enrique Ortiz e Hijos en Valencia

La mano derecha de Enrique Ortiz

Estrecho colaborador del empresario Enrique Ortíz para sus negocios en Valencia. Se considera probado que la empresa de Ortiz abonó 348.115 euros.

Sin embargo, uno de los empresarios no ha aceptado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del PSOE:

José Enrique Fresquet Ejecutivo de CHM

El directivo que ha decidido no pactar

Su función era la de responsable del departamento de contratación de la constructora CHM, la empresa de los hermanos Martínez Berna. En su caso, la Fiscalía Anticorrupción no ve delito en sus acciones, pero sí el PSOE, que es la única acusación que le señala.

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