Las Provincias

La nueva Imelsa expedientó a la adjudicataria del contrato bajo sospecha

Sahuquillo y Brines, ante los medios. :: efe/g. grillo
Sahuquillo y Brines, ante los medios. :: efe/g. grillo
  • El jefe jurídico de Divalterra requirió información sobre Socialnova, cuyo administrador único es director creativo en otra de las empresas presentadas

El responsable de los servicios jurídicos de Divalterra, la firma heredera de Imelsa, José Luis Vera, decidió el pasado 18 de octubre abrir un expediente informativo en relación con las contrataciones realizadas por la empresa pública a Socialnova Marketing. Se trata de la firma cuyo administrador único, Leo Segarra, figura como director creativo de Micubo, otra de las empresas que se presentó al concurso para definir la imagen corporativa de la empresa provincial, y que finalmente terminó adjudicándose Socialnova. Vera, director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia de Divalterra, fue apartado de su puesto un mes después de esta decisión, con la excusa del contrato de una abogada -que ejerció la representación de Imelsa en dos procedimientos judiciales- que, finalmente, se reveló correcta.

En la propuesta de expediente, Vera reclamaba formalmente toda la documentación existente en Divalterra «en relación con la contratación con la mercantil Socialnova Marketing SL». También pedía averiguar, a través del registro mercantil, la identidad de «los socios y administradores» de la firma. El instructor del expediente proponía a su vez solicitar a la propia Socialnova la «relación de trabajadores de la empresa y certificado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria».

Entre las iniciativas a adoptar, Vera incluía la de «comprobar la existencia o no de otras contrataciones con alguna persona física componente de Socialnova», o con alguna persona jurídica en la que participe la empresa, solicitar la facturación completa de Socialnova con la Diputación de Valencia, elaborar un informe jurídico por la posible existencia de un fraccionamiento de contratos y «revisar el expediente de contratación 87-GER-2016, número de factura 22 de Socialnova». ¿Que cuál es? El del contrato de la nueva marca e imagen corporativa de Divalterra, por un importe de 13.310 euros. Tal y como avanzó ayer este diario, Socialnova se hizo con ese contrato -cuya fecha de adjudicación es del 4 de julio, aunque en alguna ocasión la Diputación lo ha fechado el 8 de marzo- en un proceso en el que se presentaron otras dos ofertas, Creativados y Micubo, que presentaron presupuestos más altos. El administrador único de Socialnova, el exparticipante en Operación Triunfo Leo Segarra, figura también como director creativo de la tercera de las ofertas mencionadas, Micubo.

Con todo, el origen de este expediente informativo no estaba relacionado con esa duplicidad de ofertas. La apertura de este proceso viene motivada por un informe del área financiera en el que se constatan aspectos en la contratación de esta firma que, como mínimo, arrojan dudas. Que todos los servicios contratados con Socialnova Marketing fueron a través de contratos menores -menos de 50.000 euros- y que, por sus cuantías individuales (menores de 18.000 euros) no requieren de la firma de los dos gerentes; que la numeración de las facturas es prácticamente consecutiva; que los objetos de los contratos son semejantes; que la empresa se constituyó de forma muy reciente -el 29 de febrero de este año- y que su inscripción en el Registro Mercantil se produjo el 20 de abril. No sólo eso. El documento señala que toda la contratación con la firma, con la única excepción de un contrato, está fechada previamente a la inscripción de la firma en el Registro Mercantil.

El contenido de este documento es el que derivó en la apertura del expediente informativo. Posteriormente, la auditoría interna de Divalterra se hizo eco de muchas de las anomalías detectadas en relación con la contratación de esta firma. El auditor presentó su informe en el consejo de administración de la nueva Imelsa el pasado 15 de noviembre. Sólo unas horas después, presidencia de la Diputación emitía un comunicado en el que explicaba que Vera quedaba apartado de la dirección de los Servicios Jurídicos de la empresa -con el argumento de la contratación de una abogada que, finalmente, se demostró correcta-.

Tal y como señaló ayer este diario, la cogerente de la nueva Imelsa, Agustina Brines, solicitó un informe jurídico para conocer con detalle en qué consiste la «acción de responsabilidad», el proceso que podría poner en marcha el consejo de administración contra el gerente si considera que se puede haber producido alguna irregularidad en el ejercicio de su cargo.