Las Provincias

Tres altos cargos de Compromís, EU y PSPV, imputados en la trama de Rus

Orengo, Pérez y Altur.
Orengo, Pérez y Altur. / LP
  • La Guardia Civil cita a declarar a Rosa Perez Garijo, Emilio Altur y José Manuel Orengo en relación con la causa del supuesto amaño de contratos y cobro de comisiones en la Diputación de Valencia

  • El exdiputado provincial socialista y alcalde de Gestalgar Raul Pardos recibió ayer a mediodía la llamada de la OCU para que acudiera a declarar como investigado

La investigación de la trama Rus ya no es exclusivamente un asunto del Partido Popular. Tres altos cargos de EU, Compromis y PSPV han sido citados por la Guardia Civil para que comparezcan en calidad de investigados a lo largo de la próxima semana en las dependencias del Cuartel de Patraix. Emili Altur, que ocupa actualmente la vicepresidencia tercera de la Diputación de Valencia y José Manuel Orengo, exalcalde del PSPV en Gandia y hasta el pasado lunes jefe de gabinete del presidente de la Corporación provincial, deberán acudir con su letrado.

Esta historia, la trama de saqueo de fondos públicos que presuntamente comandaba Alfonso Rus, no salva ni siquiera a quienes se presentaron en un principio como héroes. Heroínas, en este caso. Rosa Pérez, diputada de EU y vicepresidenta cuarta que denunció el caso y que supuestamente aportó también las grabaciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent se ha visto implicada en el asunto. Del mismo modo, el exdiputado provincial socialista y alcalde de Gestalgar Raul Pardos recibió ayer a mediodía la llamada de la OCU para que acudiera a declarar como investigado

De momento, se trata de una citación policial. Estos altos cargos todavía no tienen fecha para comparecer en la Ciudad de la Justicia. Las fuentes consultadas explicaron que lo habitual es que una vez declaren ante los investigadores terminen haciéndolo en el juzgado de Instrucción número 18, que investiga la causa. Este es el procedimiento habitual y que, por ejemplo, se ha seguido en la pieza abierta por blanqueo de dinero en el Grupo Municipal del PP.

La confesión de Marcos Benavent ha permitido destripar una de las mayores tramas de corrupción en la Comunitat. Su testimonio ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), al parecer, estuvo al margen de siglas políticas.

Sus comparecencias están repletas de nombre de responsables políticos de todos los partidos. Las citaciones que se produjeron por teléfono a lo largo del día de ayer son la constatación de que Benavent tiró de la manta sin importarle las consecuencias. Apuntó a los suyos, pero también a los del resto de partidos. Al parecer, se sospecha que no sólo en Imelsa sino en otras empresas públicas un buen número de empleados entraron a trabajar por enchufe. El nexo era la amistad o recomendación de algún político. Y supuestamente en el listado de enchufados quizá figuraron encargos de todos los grupos.

La 'operación Taula'

Se calcula que existen más de 100 horas de declaraciones del exgerente de Imelsa ante la Guardia Civil y en el juzgado de Instrucción que lleva el asunto. La primera parte de la operación Taula supuso el arresto de 24 personas y 33 registros domiciliarios, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

La investigación ha constatado la existencia de una trama dedicada al amaño de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones. El dinero obtenido de manera fraudulenta oscilaba entre el 3% y el 5% del importe final, aunque no existe un porcentaje fijo. En algunos casos, la cifra era superior. Parte de estas cantidades se destinaban a la supuesta financiación del PP y otras para el enriquecimiento personal de los ahora investigados. Los principales cabecillas operan en torno a la Diputación. Así, se trata de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación; su jefe de Gabinete, Emilio Llopis; su vicepresidente, Juan José Medina; y el responsable del área de Hacienda y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla. Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el ingreso en prisión provisional. El juez lo rechazó. Consideraba que no existía riesgo de fuga ni la posibilidad de que destruyeran pruebas. De hecho, uno de los argumentos fue esto ya lo podrían haber hecho durante todos los meses anteriores cuando era conocido por todos que se analizaba su gestión al frente de responsabilidades públicas.

El fraude no sería posible sin la participación directa de los empresarios, que entraban en este ilegal juego a cambio de obtener obras. La irregular mecánica se repitió durante años en colegios de Ciegsa, en la empresa pública Imelsa e incluso en el Ayuntamiento de Valencia.

Las reacciones

La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, estaba perpleja después de la citación recibida para acudir al cuartelillo. «El Ministerio del Interior debe de haber metido mano para que nos llamen ahora», aseguró la diputada provincial. Pérez Garijo se convirtió en el azote del PP en la anterior legislatura y denunció el 'caso Imelsa' ante la Fiscalía Anticorrupción. «Precio de enfrentarse a los poderosos: cinco denuncias y ahora, citada a declarar como investigada en el 'caso Taula', para que cunda el ejemplo», escribió anoche en una red social.

Emili Altur, vicepresidente tercero de la Diputación, i al igual que Garijo, diputado provincial en el anterior mandato, no salía de su asombro. «Me han llamado desde un número oculto y me han citado para declarar ante la Guardia Civil. También me han dicho que lleve un abogado», reconoció mientras preparaba la cena para sus hijos.

Altur no se explicaba por qué le han citado a declarar, «a no ser que sea porque presidí la comisión de investigación... No lo sé. Es mezclarme con toda la trama de Rus. Eso es lo peor, lo incomprensible. Desde luego, pongo el cargo a disposición del partido».