Las Provincias

El adiós de Torres-Dulce, una mala noticia

El encaje constitucional del fiscal general del Estado es complejo e incómodo en virtud del oscuro artículo 124 de la Carta Magna. Dicho precepto dispone que el ministerio Fiscal “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Además, el precepto establece que “ejerce sus funciones […] conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad”. Finalmente, dispone que el fiscal general del Estado “será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. La ley vigente establece, además, que no podrá ser destituido por el Gobierno salvo en casos muy tasados, por lo que, aunque es designado por el Poder Ejecutivo, no está a su merced y puede por tanto ejercitar su independencia sin temor a represalias directas.

Esta situación, como personalidad de confianza del Ejecutivo que sin embargo ha de hacer valer ante todo el principio de legalidad, engendra lógicas tensiones, que Torres-Dulce, un personaje recto y con acrisolado prestigio, no ha querido soportar más. El anuncio de su dimisión llega cuando van a cumplirse tres años de su nombramiento, el 27 de enero de 2012.

Trascendieron sus enfrentamientos con el ministro Gallardón, a quien le formulo constantes reclamaciones de independencia, y en especial el que tuvo lugar cuando Torres-Dulce defendió a sus fiscales con ocasión del encarcelamiento de Luis Bárcenas. Y, por supuesto, fue pública la presión del Ejecutivo sobre la fiscalía tras el 9N, cuando los fiscales catalanes se opusieron a la inculpación del presidente de la Generalitat y varios consejeros. En todas sus intervenciones públicas, el ya dimitido fiscal general ha demandado más medios para la fiscalía y para la Justicia en general, así como reformas legislativas que otorguen a los miembros del ministerio público mayor autonomía e iniciativa en los procesos penales.

En definitiva, se va del primer plano un profesional brillante del Derecho, arrollado por los acontecimientos que hacen difícil mantener los grandes principios al margen de la agitada coyuntura política. A fin de cuentas, una mala noticia.