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Manifestación contra el decreto de plurilingüismo de 2017 organizada el año pasado en Valencia. jesús signes
Padres exigen la dimisión de Marzà tras el último varapalo contra su política lingüística

Padres exigen la dimisión de Marzà tras el último varapalo contra su política lingüística

Fcapa pedirá al Gobierno y al Defensor del Pueblo que lleven al Tribunal Constitucional la ley de plurilingüismo para evitar su aplicación

J. BATISTA

Sábado, 28 de abril 2018, 00:51

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valencia. Las reacciones a la sentencia que anula varios artículos del decreto de plurilingüismo de 2017, el primer modelo educativo del Consell del Botánico, se sucedieron ayer. Las organizaciones de padres y madres que han sido parte activa del proceso judicial fueron incisivas, aunque con algunos matices. La confederación Concapa, la representativa del sector concertado, reclamó la «dimisión inmediata» del conseller «tras la última sentencia que enmienda sus políticas, que sólo buscan la imposición del valenciano», en palabras de su presidenta, Julia Llopis, que de hecho ya ha pedido su destitución en ocasiones anteriores. También recordó que el fallo deja claro que la elección lingüística es un derecho que corresponde a los padres y que el decreto vulneraba la Ley Orgánica de Educación y varios preceptos constitucionales.

El recurso en el que participó Concapa fue presentado junto a la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa) y la asociación Idiomas y Educación, que conforman el autodenominado Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular. Desde la primera organización recordaron ayer que, junto a Concapa, llevan meses esperando un reunión con el presidente Ximo Puig, en la que quieren plantearle la necesidad de cambiar la ley de plurilingüismo. En este caso no llegaron a exigir públicamente la dimisión del conseller, pero consideran que Puig ha de «valorar» si Marzà debe continuar al frente de la conselleria.

Eva Tena, que preside la asociación Defensa del Castellano en la Comunitat, lo tiene más claro. «Un cargo que desde las instituciones democráticas impulsa una norma que se ha considerado inconstitucional no debería mantenerse», explicó, antes de recordar que la sentencia señala que parte del contenido contrario a derecho por «discriminar al castellano» se reproduce en la actual ley. «Alguien debería hacer una reflexión sobre su constitucionalidad», dijo, en referencia a los actores que podrían recurrirla: 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo o el presidente del Gobierno, pues no cabe la opción de que lo hagan particulares o asociaciones.

En este sentido, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia (Fcapa) -otra organización recurrente- anunció ayer que ha preparado «una argumentación jurídica reforzada con la sentencia» que se presentará al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo pidiendo que eleven un recurso de inconstitucionalidad. De aceptarse, frenaría su aplicación. «El fallo evidencia que no había un planteamiento pedagógico detrás del decreto, sino político. En lugar de estudiar las vías para implantar sus políticas se forzó el marco legal para hacerlo, de ahí que el decreto tuviera tantos agujeros», dijo el presidente, Vicente Morro, que consideró que Marzà debió dimitir tras la primera sentencia contraria al decreto.

Por su parte, Idiomas y Educación valoró que el fallo «frena las ambiciones separatistas de la Generalitat», estableciendo un paralelismo con lo que sucede en Cataluña. La entidad también pide la eliminación del requisito lingüístico. Por otro lado, la asociación Hispanohablantes, de ámbito nacional, ha convocado una manifestación en Valencia el 9 de junio para reivindicar «la libertad de elección de lengua».

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