La Lonja de Pescadores, la joya patrimonial de Valencia abandonada a su suerte

El permiso para construir una Lonja de Pescadores en la calle Eugenia Viñes del Cabanyal data del año 1909, cuando la concesionaria Marina auxiliante consiguió el sí del Ayuntamiento siempre y cuando fueran ellos quienes pagaran su construcción. Para conseguir los fondos, la concesionaria dividió en 40 parcelas el complejo para que sus socios aportaran el capital a cambio de tener una caseta propia dentro del lugar. De esta manera, se fundó un espacio dedicado de manera tradicional al mantenimiento y resguardo de barcas y redes de pesca dentro de cada una de las 40 casetas que conformaban el complejo, además de la venta del pescado.

Con el paso de los años, según explican los vecinos, algunos armadores dueños de estas casetas las vendieron a sus pescadores de confianza, al mismo tiempo que muchos aprovechaban los metros cuadrados del espacio para quedarse a vivir. Si uno faenaba durante todo el día y después vendía el pescado en la lonja, era más cómodo quedarse directamente en el lugar.

Se trata, por tanto, de un espacio que se ha heredado dentro de esas familias con el paso de los años hasta llegar a la actualidad, donde personas han crecido y desarrollado su vida sin ser sus casas, a ojos de la legalidad, una propiedad privada.

En los últimos años la polémica ha girado en torno a quién es el dueño de la lonja y por tanto debe ser el encargado del mantenimiento de la misma. Además, al tratarse de un bien patrimonial para la ciudad de Valencia de categoría 1, hay multitud de acciones comprometidas a la hora de realizar obras de mantenimiento. «Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de este lugar, somos cinco las generaciones en mi familia que hemos crecido aquí, y yo no me quiero ir», explica Amparo Oliver, vecina de la Lonja de Pescadores, que añade: «Con los líos que ha habido judicialmente, nadie se hace cargo del mantenimiento ni se nos dan licencias para hacer cambios en nuestras casas. ¿Tú crees que puedo vivir con un grifo que se instaló hace cien años?».

El origen de la polémica en cuanto a la propiedad surge porque el Ayuntamiento firmó una concesión con la Marina auxiliante para la gestión del lugar «a perpetuidad».

Desde la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, en 2017, se llevó adelante la iniciativa de contar con un proyecto de rehabilitación de los elementos comunes del edificio, redactado el Proyecto Básico por la Universidad Politécnica de València a través del reconocido arquitecto Gaspar Muñoz Cosme, experto en temas de rehabilitación del patrimonio, y un Proyecto de Ejecución, sacado a concurso y redactado por el reconocido arquitecto Tito Llopis, miembro del equipo de Vetges Tu i Mediterrànea SLP, contando con unas ayudas económicas muy importantes del Ministerio de Vivienda. A coste cero para los propietarios de las viviendas, a cambio de una futura negociación que en ningún momento pasaba por amenazar su derecho a continuar como propietarios de las mismas.

Dicho proyecto se vio interrumpido con la presentación de un recurso judicial por parte de la Sociedad Marina Auxiliante S.L. contra una resolución dictada por el Ayuntamiento de Valencia en la que declaraba la caducidad de las concesiones por haber transcurrido 99 años desde su otorgamiento, un proceso de regularización en el que se encuentran inmersas la casi totalidad de las construcciones a ambos lados de la calle Eugenia Viñes y que se ha ido llevando a cabo con otros titulares de las concesiones. Dicho litigio llegó a su fin este mismo año, y la Justicia conluyó que la concesión había caducado y que la propiedad es del Ayuntamiento.

Con todos estos problemas, mientras tanto la Lonja de Pescadores quedó abandonada a su suerte, pues ni la concesionaria ni el Ayuntamiento se han hecho cargo de su mantenimiento hasta asegurarse que fuera de su propiedad. En medio de todo ello, un grupo de vecinos creó en 2016 la plataforma de 'Veïns Units de la Llotja del Cabanyal' (VULLC) presidida por la vecina Manu Ríos y su vicepresidente Adolfo Saez, marido de Amparo. Su objetivo no era otro que se les reconociera como vecinos del barrio y se cuide un edificio que es Bien de Relevancia Local (BRL).

«Representamos a los vecinos que somos familias de toda la vida de la Lonja y no queremos que se pierda. 37 de las antiguas 40 casetas. Necesitamos una solución ya para nuestra situación, y esa solución es triple: por un lado, que se rehabilite la cubierta de una vez, que tiene un proyecto pagado y que falta ejecutar. Segundo, que nos garanticen que el vuelo es de cada vecino y tercero que nos vendan el suelo. Repetimos que no representamos a nadie que pretenda hacer negocio de nuestro hogar, somos familias que queremos quedarnos aquí», indican desde VULLC. Y es que, según indican los vecinos de la lonja, el Ayuntamiento tiene un proyecto de rehabilitación de la cubierta que no se ha ejecutado hasta que terminara el litigio judicial: «Ahora ya no tienen excusa, deben rehabilitar la lonja». Mientras tanto, el aspecto actual del lugar muestra como en el pabellón interior se cuelan palomas, las paredes están desconchadas, y la cubierta y su iluminación está sin rehabilitar desde que se creó. «Los únicos cambios de mantenimiento los hemos pagado entre algunos vecinos porque ni Ayuntamiento ni concesionaria han hecho nada», afirma VULLC.

Y mientras su hogar se «cae a trozos», los vecinos siguen viviendo en un suelo que no es suyo y del que podrían ser expulsados, como quien dice, en cualquier momento. «Hasta ahora hemos sido vecinos para pagar nuestros impuestos y servicios pero a ojos de la oficialidad no somos propietarios de ningún suelo, no se nos puede despreciar más», afirma Adolfo Saez. En 2017 la Junta de Gobierno aprobó buscar una solución a la venta del suelo y cifró en 500 euros el metro cuadrado en la calle Eugenia Viñes y 284, 25 euros para aquellos que ya residían en la zona. «A nosotros no se nos permitió dicha compra mientras el resto de la calle ya es suelo privado», lamentan.

«Llevamos así muchos años y la situación no ha cambiado. Ahora la sentencia acerca de la propiedad ya ha dicho que es cosa del Ayuntamiento. Ya no hay excusas, queremos una solución ya», insisten. En este sentido, los vecinos recuerdan que quieren el reconocimiento del vuelo y la compra del suelo, además de la rehabilitación del Ayuntamiento. «Si la Justicia defiende a una persona que haya estado en alquiler más de 30 años en el mismo piso, nosotros tenemos derecho a comprar las casas donde nuestras familias han crecido durante generaciones», indican.

Tras el inmovilismo del gobierno del Rialto durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento, hace unas semanas Juanma Badenas, concejal de Patrimonio, visitó las instalaciones para conocer de primera mano la situación y estudiar posibles soluciones. «Vemos que esta alcaldía está dispuesta a solucionar de una vez por todas nuestro sufrimiento, pero queremos que se escuche a los vecinos, no a la concesionaria. Que sepan de primera mano que es nuestro hogar de toda la vida y que merecemos la oportunidad de legalizarlo», imploran.