Las consecuencias de no tener Zona de Bajas Emisiones: aumento del precio del bonobús y un bocado del 10% al presupuesto municipal

Salvo sorpresas de última hora, y después de comprobar que el PP sigue sin tener el respaldo de su socio de gobierno, Vox, ni de la oposición, representada por Compromís y PSPV, ya no hay tiempo material para incluir nuevas modificaciones en la ordenanza, ya que tendría que pasar por la tramitación habitual de ir a comisión, pasar por pleno, la exposición pública y volver a ratificarse en pleno.

Con este panorama, y ya restando los días de la hoja del calendario del mes de diciembre, las consecuencias de no tener aprobada la ZBE en 2026 puede llegar a tocar el bolsillo de los ciudadanos.

En primer lugar, porque faltará ver si se dejan de recibir las ayudas estatales de entre 35 y 40 millones de euros al transporte público urbano, ya que están vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones.

Si se cierra ese grifo, tal como recuerdan desde Compromís y PSPV, supondría que el bonobús subiría 3,40 euros y los usuarios que compren el bonobús a partir de enero tendrían que pagar 8,5 euros en lugar de 5,1 euros, como ha detallado el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan.

En todo caso, habrá que estar atentos para ver si finalmente se encuentra un punto de acuerdo para aprobar la ordenanza de ZBE y de no ser así, comprobar si el Ministerio Para la Transición Ecológica deja de enviar las citadas ayudas al transporte.

Otra posible consecuencia es que el presupuesto municipal reciba un bocado del 10%, cantidad que la oposición calcula que podría costar el hecho de tener que devolver las ayudas europeas recibidas y la multa que vendría aparejada por no sacar adelante la ZBE.

Y es que el Ayuntamiento tendría que reintegrar los 57,8 millones de euros de financiación europea recibidos y vinculados a las ZBE que han servido para impulsar proyectos que ya se han terminado como la ampliación de espacios para peatones en calles como Isabel la Católica, Avenida Malvarrosa, la supermanzana de Orriols y la de Petxina; la adquisición de 20 autobuses eléctricos; la electrificación de la cochera principal de la EMT; y la digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos.

Eso mismo dinero también había servido para otras iniciativas como la sensorización de plazas de carga y descarga; la ampliación de espacio para peatones y mejoras de accesibilidad en puntos como el mercado de Torrefiel y del mercado del Grao, la plaza de Santa Mónica o carriles bici como los de Gaspar Aguilar, San Vicente, Tres Forques (que está ahora en obras) y Archiduque Carlos o la sobras del Bus Ràpid Trànsit (BRT) de la EMT en Blasco Ibáñez, como recuerdan desde el PSPV.

De momento, otra consencuencia es que ya se han instalado las cámaras del área donde se pretendía implantar la Zona de Bajas Emisiones, pero si bien es cierto que se han puesto en marcha, no se puede multar porque no hay ordenanza aprobada.

Es importante destacar que si no se aprueba esta ordenanza, además de tener que devolver esos 57,8 millones a Europa, el Gobierno podría imponer multas que podrían alcanzar el 100% del importe de la subvención recibida, por lo tanto, 57,8 millones euros más, y que podrían llegar hasta el 300%, en función de los criterios que determine el Ministerio, como recuerdan desde Compromís.

Y a esto habría que sumar, como detallan desde la formación que lidera en Valencia Papi Robles, varios millones más de la financiación de la mitad de los billetes SUMA, ya que un cuarto del total lo paga el Estado.

Todos estos apartados podrían hacer sumar la pérdida de 155,6 millones al Consistorio y a ello suman desde Compromís el hecho de «perder oportunidades de optar a nuevos fondos europeos e imposibilidad de realizar esfuerzos inversores».

Eso sí, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya dijo que si no salía adelante la ordenanza de ZBE no descartaba ir a los tribunales si persistía el bloqueo de la oposición, al que luego se sumó Vox.

Ya el pasado 12 de noviembre, la alcaldesa no escondió el peligro que suponía no aprobar la ordenanza y afirmó que si, llegado el momento no hay acuerdo y se producen sanciones de Europa, «tendremos que pelearlo judicialmente si se da el contexto determinado».

Claro está que la posible imposición de estas multas no es inmediata, ya que como dijo Catalá, en caso de producirse, el gobierno de Catalá las recurrirá en los juzgados y tardaría varios años en resolverse este espinoso asunto.

Para el socialista Borja Sanjuan «Valencia va a ser la única gran ciudad de España que no cuente con esta medida, que va a perder 150 millones de euros y que va a ser la única donde no se subvencione el transporte público que pagaremos más caro los valencianos a partir del 1 de enero». Los condena a pagar 3,4 euros más por cada bonobús«.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que aprobar la ordenanza era importante «porque permitiría a la ciudad reducir la contaminación y cumplir con la normativa europea, además de evitar la pérdida de 150 millones. En cambio, Catalá niega sistemáticamente que la ZBE sea imprescindible y pone en riesgo la salud de los vecinos de Valencia, además de crear un agujero económico totalmente inadmisible».