Expedientan a un funcionario por difundir datos personales de un colectivo LGTBI

Tal y como explicaron miembros de este colectivo, todo comenzó con unas críticas del colectivo y de la citada federación al gobierno socialista tras la polémica que suscitó la falsa agresión homófoba denunciada en Malasaña (Madrid). Entendían desde el organismo que preside San Nicolás que las conductas de los dirigentes socialistas no fueron adecuadas y, siempre según su versión, esto es lo que pudo enfadar al funcionario de Benidorm ahora expedientado.

«Nuestra posición fue criticar a Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska por haber dado credibilidad a una falsa denuncia de agresión homófoba, algo que, a nuestro entender perjudica gravemente al colectivo LGTBI», describen. «Y eso parece que no gustó nada al denunciado, al parecer una persona muy afín al socialismo».

Tal y como expusieron en un escrito dirigido al ayuntamiento, el trabajador municipal e integrador social «profirió insultos, amenazas y presuntamente usó con sus credenciales y acceso digital de funcionario información privada de expedientes de algunos miembros de la asociación GAG Benidorm» y añadieron que dichos hechos «tuvieron lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2021». Lamentan los denunciantes que «se difundieron en redes sociales», especialmente en Instagram, «datos personales clínicos, de domicilio o de lugar de trabajo de hasta seis personas afectadas», entre ellas el presidente San Nicolás e impulsor de la denuncia ante el consistorio.

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de su Concejalía de Gestión de Recursos Humanos, decidió a finales de octubre abrir un expediente informativo que actualmente sigue su curso.

De hecho, el presidente de la agrupación afectado ha sido citado hoy por el ayuntamiento para tomarle declaración sobre los hechos denunciados. Paralelamente, la agrupación LGTBI presentará la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Alicante al entender que se han sobrepasado por parte del trabajador público los límites de la opinión política para entrar «directamente en terreno delictivo».

LAS PROVINCIAS contactó ayer con el funcionario aludido para conocer y ofrecer su versión. Pero declinó «de momento» esta posibilidad «hasta que se aclare la investigación» del consistorio.

Una de las cuestiones que indigna a la agrupación denunciante, y así lo plasman ante el ayuntamiento, es que varias personas «recibieron información extraída de expedientes de servicios sociales». También atribuyen al trabajador respuestas a usuarios de redes sociales «con comentarios de datos clínicos muy exactos y específicos con diagnósticos de dos asociados afectados».