Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros

La red de contrabando de tabaco que elaboraba y distribuía miles de caliqueños desde domicilios de Chella utilizados como fábricas clandestinas, desmantelada en 2016 por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valencia nueve años después de la operación. Tres de los cuatro acusados han reconocido esta mañana ante la Sección Quinta de la Audiencia las acusaciones que se les atribuyen en busca de una rebaja de las penas. Pero el cuarto encausado, propietario de dos restaurantes donde presuntamente se comercializaban los puros caliqueños, niega cualquier participación en la distribución y venta del tabaco ilegal.

Los acusados se enfrentan inicialmente a penas de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de contrabando de labores de tabaco, entre los años 2013 a 2016, cuyo valor superaría los dos millones y medio de euros. No obstante, tras el reconocimiento de hechos por parte de tres de ellos, la Fiscalía les va a rebajar la petición de pena a un año y diez meses al contemplar tanto el reconocimiento de hechos como la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se produjeron las detenciones.

De esta forma el juicio, que ha comenzado en la mañana de este martes, se ha centrado en establecer si el hostelero imputado participaba o no de las actividades ilícitas de contrabando de caliqueños. El acusado, que solo ha querido responder a las preguntas de su letrado, niega que vendiera puros en sus establecimientos y aunque reconoce que conoce a la única mujer acusada -constan mensajes en los que le pide tabaco- trata de argumentar que solo le pedía una pequeña cantidad de caliqueños para consumo propio.

De igual modo, para tratar de justificar las imágenes, cuando ya estaban siendo investigados por la Guardia Civil, en las que se ve a la acusada descargando dos cajas de puros en el aparcamiento de uno de sus restaurantes, el acusado alega que su local está situado en la autovía A-35, en una zona de paso, y que es un punto de referencia para que la gente deje paquetes o vaya a recogerlos. Dicha tesis de la defensa fue apoyada por la procesada, quien reconoce que las cajas contenían puros pero que no eran para el hostelero. «Dejo esto aquí, que vendrán a recogerlo», ha recordando dando el nombre de una persona no imputada.

Según sostiene la Fiscalía, el tabaco intervenido había sido comercializado por los encausados sin respetar los más mínimos controles por parte de las autoridades estatales, ni haber abonado los correspondientes tributos a la Hacienda Pública y carecían de sello estatal.

Asimismo, los acusados también carecían de las oportunas licencias y autorizaciones para el desarrollo de esta actividad no figurando en el Registro de Operadores Mayoristas ni Minoristas del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

La mercancía incautada, cuya destrucción acordó el Juzgado de Instrucción número 1 de Xátiva en noviembre de 2016, y la comercializada está valorada en dos millones y medio de euros. Además, los encausados habrían defraudado presuntamente a la hacienda pública cerca de 800.000 euros.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se remontan a septiembre de 2013 cuando los agentes sorprendieron a uno de los acusados transportando, en una Volkswagen Transporter, 6.000 puros caliqueños valorados en 2.400 euros. Era solo la punta del iceberg.

Posteriormente, en diciembre de 2015 también pararon otro coche con 129 cajetillas de tabaco (tasadas en 574 euros). Y en febrero de 2016 también se localizó un BMW que en el maletero ocultaba diez paquetes de picadura de tabaco de 0,5 kilos cada uno. Y en junio de 2016 de nuevo otro envío fue interceptado en la CV-590, en Rotglá i Corberá. Los agentes comprobaron que en el comprobaron en el maletero del coche, un Peugeot 807, había 4.000 puros caliqueños pequeños, 360 gramos de picadura de bolsas de plástico y 30 kilos de picadura de tabaco, todo ello valorado en 5.604,75 euros.

De las pesquisas de la Guardia Civil se estableció que los clientes de esta red de contrabando realizaban los pedidos por teléfono y recibían la mercancía en sus respectivos destinos, tras ser transportado el tabaco por los acusados en sus propios vehículos.

En julio de 2016 dos de los acusados fueron parados por la Guardia Civil en un control en la A-7 y se les intervinieron 1.083 puros caliqueños, 5.680 medianos y 23.340 caliqueños pequeños, cuyo valor ascendía a 14.400 euros.

Posteriormente, en las entradas y registros llevados a cabo en el mes de septiembre, los investigadores se incautaron de 5.452 kilos de picadura de tabaco, 240 puros grandes, 21.040 caliqueños medianos y 40 puros pequeños. El montante total del tabaco intervenido en dichos registros ascendía a los 900.000 euros.

Por todo ello, además de las penas de prisión el Ministerio Fiscal solicita el pago de un multa millonaria de 5.019.000 euros y que indemnicen a la Hacienda Pública con los 800.000 euros defraudados.

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