Puig adjudicó a dedo otro informe del edificio de Correos de Valencia por un millón de euros

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, este segundo contrato, el de la elaboración de un plan de usos, fue adjudicado de manera directa a Tragsa, la empresa pública de obras y servicios dependiente del Gobierno de España, con el objetivo de definir el uso futuro del inmueble, adquirido previamente por la Generalitat a Correos. Y se llevó adelante a pesar de los reparos formulados por la Abogacía de la Generalitat a la adjudicación de la elaboración de ese plan de usos. En noviembre de 2022 se produjo una pequeña minoración del importe de adjudicación, hasta los 899.000 euros, mientras que la resolución final se quedó en 724.000 euros.

Este encargo se sumaba al informe previo, también sobre el edificio, que ya está siendo investigado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) por presuntas irregularidades en su adjudicación a una empresa de Barcelona por valor de 14.000 euros. Un informe del que ya ha informado este diario y bajo la justificación de «elaboración de un proyecto básico de ideas para la conceptualización de una equipación cultural, social y económico (sic) en el antiguo edificio de Correos de Valencia». Un encargo, por tanto, cuyo objeto podría considerarse similar a ese segundo contrato. Paradójicamente, en este segundo encargo no se menciona una sola palabra del primer informe, ni como referencia previa o guía de lo que se le estaba encargando ahora a Tragsa.

De hecho, la ONIF ha reclamado a la Generalitat una «descripción detallada» de las operaciones realizadas por la administración valenciana con Interpreta Cultural Projects SL, con aportación de presupuestos, correos electrónicos o cualquier otro soporte documental «acreditativo de la realidad de las operaciones. Indicando los medios empleados por la mercantil para su realización». Además, tal y como ha informado este diario, Correos y la Generalitat cerraron la venta del edificio de la plaza del Ayuntamiento antes de disponer de ese informe.

Pocas fechas después de ese informe, y tras la adquisición del edificio –cerrada con Correos el 25 de noviembre de 2021 aunque aprobada finalmente por la Generalitat en el mes de febrero-, la Generalitat contrataba con Tragsa por más de un millón de euros la elaboración de un plan de usos del mencionado edificio. Un contrato que fue objeto de múltiples advertencias por parte de la Abogacía de la Generalitat, que cuestionó su duración, la justificación de la contratación y la idoneidad del procedimiento así como el objeto del mismo. Pese a ello, Presidencia siguió adelante con la adjudicación.

En su informe, Abogacía de la Generalitat pedía que se justificara de forma más adecuada en el expediente que la situación del edificio y su adecuación y mantenimiento entraban en la categoría de urgencia o emergencia o de actividades complementarias o accesorias de estas, que motivaba que la actuación pudiera encargarse a Tragsa, «ante la necesidad de evitar el deterioro del edificio y la urgencia de contar con todos los mantenimientos y servicios». «Por tanto, es necesario que se concreten y motiven las carácterísticas de excepcionalidad de todas las actuaciones que comprende el objeto del encargo y que permiten sustraerlo de los procedimientos de contratación regidos por los principios de publicidad y concurrencia, y ser atendido a través del recurso al encargo a un medio propio», se señalaba.

La referencia a la necesidad de evitar el «deterioro del edificio» con el que la administración autonómica justificó la adjudicación de urgencia a Tragsa contrasta con el informe de valoración, solicitado por el Servicio de Patrimonio Inmobiliario para determinar el valor y evaluar la propuesta de venta remitida por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, del edificio de la Plaza del Ayuntamiento, en el que se señalaba, en el apartado de descripción del inmueble, que «fue objeto de reforma en 2004. Se encuentra en buen estado de conservación». El documento final de Tragsa se entregó sin embargo 22 meses después de haberse comprado el edificio, en septiembre de 2023, y nunca ha llegado a aplicarse –para esas fechas el Botánico ya había abandonado el Gobierno valenciano-. Bajo el Gobierno de Puig no se ejecutó ninguna obra ni adecuación en el inmueble, que únicamente llegó a ser utilizado por el Botànic para las invitaciones VIP a las mascletás.

Fuentes de la actual administración autonómica apuntan a que esta secuencia demuestra que el uso del edificio de Correos no estaba definido antes de su compra, lo que refuerza las sospechas sobre la precipitación con la que se cerró la operación. Tal como publicó este periódico, los informes que avalaban la compra se redactaron después de que Presidencia pactara el precio con Correos, que autorizó la venta desde Madrid el 25 de noviembre de 2022.