Oltra reclama conocer ya la investigación de los correos tras cumplirse seis meses bajo secreto

Oltra, no obstante, confiaba en una instrucción relativamente breve de la que saldría airosa. No se esperaba una prórroga de las diligencias como la que se acordó esta misma semana -en principio otros seis meses- y menos todavía la apertura de dos piezas secretas, que han rodeado de incertidumbre la investigación.

Esas dos indagaciones, de carácter reservado, abordan el análisis de los correos electrónicos que se cruzaron los investigados en los momentos cruciales del caso, como la primera investigación, el conocimiento del caso por parte de la vicepresidenta y, por último, la condena de cinco años de cárcel a su exmarido.

La vicepresidenta no entiende que seis meses después del encargo a la Policía Judicial de la revisión de esos mails, la causa se mantenga bajo secreto. «Es un tiempo más que suficiente para que el órgano instructor haya podido realizar aquellas tareas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que a su vez no entorpezcan la finalidad de la investigación». Pero no ha ocurrido de esta forma. Las prórrogas se suceden desde entonces.

El letrado de la vicepresidenta ataca la falta de fundamentación del auto que prorroga el secreto, medida realmente excepcional en una instrucción. «La motivación es notoriamente insuficiente». En definitiva, la resolución tan sólo recoge que los motivos que dieron inicio a esta pieza secreta no han variado. No obstante, la defensa considera que sólo el paso del tiempo, seis meses, es ya un indicativo suficiente de que existe un cambio en las circunstancias.

«La motivación no existe y esto no permite fiscalizar a esta parte la adecuación a la norma de las sucesivas prorrogas que se van dictando», lamenta el equipo jurídico de Oltra. El secreto de las actuaciones no puede ser un recurso «no ilimitado o sin garantías para la defensa».

La defensa de Oltra no acierta a comprender qué motivos figuran tras esta decisión. «Es evidente que ese peligro o temor inicial que pudiera tener el instructor -a una hipotética destrucción de pruebas- carece de la misma potencialidad seis meses después». El tiempo transcurrido y la aparente publicidad de las diligencias acordadas -las solicitó la acusación popular de Cristina Seguí- descartan la posibilidad «de alterar gravemente el resultado de la investigación».