La mala estrategia de la Generalitat impide recuperar parte del dinero de Cooperación

La Generalitat calculó que había en juego una cantidad aproximada de cinco millones. El cálculo y la aproximación se han defendido de un modo erróneo, según la Audiencia. La Sala decide que no puede establecer el importe a pagar por parte de los hermanos Tauroni (Arturo Ignacio César, y Augusto César), así como Félix Sanz y Rafael Cuquerella. La Audiencia, al final, ha asumido las tesis de la defensa de Tauroni, representado por el letrado Gómez Tejedor, que sostenía la falta de información para el reparto de la responsabilidad civil.

La sección Primera de la Audiencia enjuició la causa y condenó a los principales responsables de la trama, con el ex conseller Rafael Blasco a la cabeza, a un año y medio de cárcel. La condena se produjo en 2020. Pero no determinó la cantidad de dinero supuestamente desviado y de qué forma se debían hacer cargo los diferentes responsables. Dejó la incógnita económica a expensas de lo que se decidiera en la ejecución de sentencia por el desvío de dinero para el Tercer Mundo a intereses particulares, los de una trama que saqueó la Conselleria de Solidaridad.

El varapalo de la Audiencia a la Generalitat es de aúpa. La resolución de la sección quinta recuerda que, en relación a la causa, la sentencia de las penas privativas de libertad se encuentra ejecutada y cumplida, así como parte de las responsabilidades civiles satisfechas porque en el auto dictado en 2020 ya consta que algunos acusados saldaron cuentas porque habían consignado previamente las cantidades reclamadas.

A pesar del tiempo transcurrido desde la sentencia (cinco años), así como desde que se inició la investigación (en 2011) y de los primeros juicios por la trama (en 2014), la Audiencia recuerda que la exigencia de responsabilidad civil no ha prescrito. La resolución señala que los importes reclamados por la Generalitat se basan en un informe pericial de 2016 y en un acta provisional del Tribunal de Cuentas que tampoco es tenida en cuenta.

«Este tribunal se ve en la tesitura de fijar la cuantía de la responsabilidad civil que no se pudo fijar en sentencia, ante la incapacidad de la perjudicada, Generalitat, de proceder a la cuantificación o concreción de la misma», advierte la Sala, un reproche sobre la impericia del Consell durante un proceso en el que la Generalitat ha estado principalmente en manos del Botánico (entre 2015 y 2023 presidió el Gobierno valenciano el PSPV, coaligado con Compromís y Unides Podem). Y por si alguien no se da por aludido, la resolución judicial hace hincapié en su sorpresa por tal ineptitud: «Llamó la atención del tribunal cuando se dicta sentencia en el año 2020 esta circunstancia, y hemos de señalar que cinco años después, la situación no ha variado».

Y es que la pericial de 2016 no era un informe tanto económico como de legalidad, tal y como el propio autor del documento señaló durante el juicio. La Audiencia se pregunta (y se contesta negativamente) si la Generalitat ha facilitado los «mimbres» necesarios para determinar cantidades a reclamar. «La Sala está en la misma situación que se encontraba» en 2020, indica la resolución judicial, que lo achaca a «la posición de la Generalitat».

«El punto de partida de la Generalitat es desacertado, por no decir erróneo», indica la Audiencia, por fiarse de un acta de liquidación del Tribunal de Cuentas que no pretendía fijar la responsabilidad civil, sino realizar un cálculo contable del hecho juzgado. A la Sala le resulta «extraña» la gestión de la Generalitat: «Resulta incomprensible que transcurrido tanto tiempo, casi 10 años, no le haya sido posible a la Generalitat presentar un informe actualizado y claro». La Audiencia considera que la reclamación de la Generalitat debió ser más proactiva, y remarca los «olvidos» a la hora de acompañar su deseo de recuperar el dinero con la capacidad de calcular cantidades, ante lo cual en la resolución no se puede establecer importe alguno «al carecer de la preceptiva aportación de datos» por parte de la propia Generalitat.