El juez busca contratos del exsuegro de Benavent con ayuntamientos

Mariano López. / j. montañana
Mariano López. / j. montañana

Anticorrupción solicita la declaración como testigo del presidente de la Diputación, Toni Gaspar

A. RALLO

valencia. La investigación judicial a Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent y supuesto comisionista del call center, sigue generando novedades. El instructor decidió ayer ampliar el plazo de las pesquisas otros seis meses para practicar más diligencias. En concreto, ha oficiado a los Ayuntamientos de Enguera y Requena para que le informen acerca de qué servicios encargaron a la empresa Técnicas Legales Administrativas (TLA), la firma gestionada por la cuñada de López pero que realmente controlaba el empresario. La mercantil no tenía empleados. Respecto al caso de Enguera, el juez reclama una copia de los trabajos que realizó la citada sociedad para la regularización catastral del camping del Teularet.

Además, Anticorrupción ha solicitado la declaración como testigo de Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia. El último informe de la UCO incluye el análisis del teléfono móvil del exsuegro. Entre los mensajes que se recuperaron, los agentes destacan alguna comunicación con el dirigente socialista. López solicitó a Gaspar la prórroga del servicio del call center -tras el contrato se podía ampliar otros dos ejercicios- pero finalmente no se llevó a cabo. El dosier de la Guardia Civil exculpa de cualquier irregularidad tanto a Gaspar como a José Manuel Orengo, persona próxima a Ximo Puig, y con quien también contactó el exsuegro para conseguir un trato de favor.

El juez, no obstante, todavía no ha acordado esta testifical. En una resolución, aclara que resolverá al respecto cuando la empresa Divalterra le envíe diferente documentación al respecto. Se trata de determinar qué pagos se realizaron por cursos de formación a los operadores del call center.

La Guardia Civil apunta a que el exsuegro recibió cerca de 200.000 euros de comisiones a través de transferencias personales y pagos a la empresa. El administrador de la adjudicataria del centro de atención telefónica declaró esta misma semana que esos abonos respondían a su labor de comercial. Un cambio de versión más que evidente porque con anterioridad había negado cualquier tipo de relación con el exsuegro.

Al margen de las supuestas contraprestaciones económicas, Mariano López logró que dos familiares suyos trabajaran para la adjudicataria. En concreto, hizo a su hijo responsable del turno vespertino y a un primo suyo, teleoperador.

El amaño del call center es una de las piezas separadas del caso Imelsa que más avanzadas se encuentra. El juez cree que puede terminar la investigación en menos de seis meses. El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus también figura entre los investigados por liderar presuntamente la irregular adjudicación del contrato a favor de la empresa bajo sospecha.