La menor abusada por el ex de Oltra debió ser defendida por la Generalitat

La Fiscalía, en estos supuestos, se convierte en representante de los intereses de la víctima al tratarse de una menor de edad. Pero el protocolo de la Generalitat, tal y como ha confirmado la Conselleria de Igualdad en una respuesta a una solicitud de información del Partido Popular, recoge que los tutelados sean asistidos por la Abogacía.

También quedará a criterio del órgano que ejerza la tutela contratar a otros despachos, «a personas que cuenten con la experiencia y competencia necesaria», siempre que así lo aconseje el propio interés del menor.

De esta manera –continúa el escrito– se «amplían las garantías judiciales de las personas menores de edad». En el caso de la víctima de estos abusos, hoy ya mayor de edad, no ocurrió de esta forma.

La Abogacía no la asesoró ni le prestó asistencia. Es más, el día del juicio, por un error únicamente policial, la joven acudió esposada al juicio pese a que ella era la perjudicada. Todo aquello todavía enredó más la supuesta falta de atención de la menor.

Se ignora por qué la víctima no recibió esa asistencia de los profesionales de la Abogacía. En la investigación judicial de los abusos, desarrollada en Instrucción 12, nunca estuvo personada la Administración, uno de los errores que llevaron a que la Generalitat no pudiera ser la responsable civil subsidiaria, es decir, que fuera condenada a pagar una indemnización por su negligente actuación. Los hechos ocurrieron en un centro dependiente de Igualdad y por uno de los docentes de la plantilla.

El escrito también indica que ante cualquier indicio o información de abusos sexuales se debe trasladar de inmediato a la Fiscalía. En el caso del exmarido no ocurrió así. De hecho, la denuncia se produjo casi como un hecho casual cuando dos agentes de la Policía Autonómica acudieron al centro por otro motivo y la menor, tras la insistencia de su novio, reveló los abusos.

Igualdad reconoció un error en este sentido. Tal y como admitió en su día la vicepresidenta Oltra, se modificó el protocolo y se dictó una instrucción para que la comunicación a Fiscalía se ejecutara de inmediato. Es a ese nuevo protocolo de 2020, meses después de la primera condena al docente Luis Ramírez Icardi, al que se refiere la respuesta de la conselleria.

La información de la Generalitat incluye el número de menores que han sido víctimas de abusos, pero también aquellos que los han perpetrado. No se establece diferencia entre las dos categorías. Los números hablan de una media de cerca de 175 casos todos los años, con un máximo de 228 en 2016, el primer año completo del Botánico.

Igualdad recuerda que todos ellos han recibido asistencia en el centro de atención psicológica con el que cuenta el departamento.

El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a una menor en el centro en el que trabajaba como educador. El juicio se repitió por orden del TSJ al haber quedado fuera de las pruebas un informe que cuestionaba la credibilidad de la menor.

Sin embargo, la Audiencia volvió a imponerle la misma pena y, además, con la agravante de superioridad. Todo está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, que deberá de pronunciarse en unos meses. El entorno del exmarido cree que tiene posibilidades de que se repita una tercera vez el juicio al no aceptar el alto tribunal la nulidad parcial que decretó el TSJ. El futuro de Oltra también puede despejarse con un pronunciamiento favorable.