¿Y el extra FLA, para cuándo?

¿Resuelve eso el problema de infrafinanciación que arrastra la Comunitat? Para nada. ¿Hace ya innecesario aprobar el FLA extraordinario para pagar a los proveedores? Ni mucho menos. La actualización de las entregas a cuenta constituye el parche más pequeñito de todos los que tiene pendientes el Gobierno de Pedro Sánchez con las CCAA infrafinanciadas, y en particular con la más infrafinanciada de todas, que es la valenciana.

Para la administración valenciana, la espada de Damocles de los impagos continúa en el mismo sitio. A la vista del déficit de 2024, en el entorno de los 2.500 millones de euros, la Comunitat debería recibir casi 1.900 millones de euros este mes de julio con los que atender la deuda comercial con sus proveedores. Sin ese dinero, la Generalitat incurrirá en impagos.

La administración autonómica viene advirtiendo de esta situación desde diciembre de 2024, cuando la comisión delegada de asuntos económicos del ministerio de Hacienda suprimió del acuerdo sobre el FLA la tradicional referencia a que se utilizará para cubrir el exceso de déficit de las CCAA. Las fuentes del departamento de Hacienda consultadas por este diario confirman que «no hay novedades» respecto a este mecanismo, mientras que el Gobierno valenciano asegura disponer de información que confirmaría que ese fondo extraordinario no se aprobará en el consejo de ministros de este martes.

¿Y qué pasa si no se aprueba? Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario remarcan que la foto de tesorería de la Generalitat a 30 de abril revela la asfixia financiera, que suma 2.045,8 millones en la cuenta 413, de los que 1.280 millones son deuda comercial. A esta cantidad se suman las facturas ya contabilizadas pero impagadas por falta de liquidez, que alcanzaban los 487,4 millones ese mismo mes. El 83 % de esa deuda afecta a la Sanidad pública, seguida de Servicios Sociales (5 %) y Educación (5 %).

Los sectores más más afectados son la farmacia hospitalaria y farmacia por receta, las empresas proveedoras de productos y servicios sanitarios, los servicios esenciales como limpieza, seguridad, mantenimiento o transporte, los conciertos con residencias y las academias y centros de formación.

El Consell considera que el Gobierno de Sánchez ha convertido la financiación autonómica en una «herramienta de castigo político. Hoy, la Comunitat Valenciana vive una situación crítica: deuda comercial disparada, retrasos en los pagos a proveedores, servicios comprometidos… Y en plena reconstrucción tras la peor catástrofe natural sufrida por la autonomía».

Por su parte, la consellera de Hacienda Ruth Merino ha pedido este lunes a la ministra Montero «que no tome por tontos a los ciudadanos de este país ni a los de la Comunitat Valenciana; (las entregas a cuenta) es dinero de todos los valencianos y lo han tenido retenido durante más de seis meses». «Ahora sí le interesa políticamente por puro tacticismo aprobarlas y parecer que ellos son necesarios, pero si las comunidades autónomas no reciben el dinero es puro tacticismo político; lo ha sido durante todo este tiempo y lo es aprobarlo justamente mañana».

Merino ha señalado que el Sánchez «es un gobierno que no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para atender las necesidades de los ciudadanos de esta comunidad en ningún momento. Ha utilizado siempre la asfixia financiera de la Comunitat Valenciana durante todo este tiempo como armamento político para conseguir cosas y ahora vuelven a hacerlo con el tema de la actualización de las entregas a cuenta»

«La primera exigencia es que sea un real decreto únicamente para aprobar la actualización de las entregas a cuenta y que, además, inmediatamente aprueben el FLA extraordinario que la Generalitat necesita para pagar a los proveedores de los servicios fundamentales. No es de recibo que, después de 13 años, por tacticismo no se haya aprobado todavía», ha señalado.