Antifraude reprocha a Ribó que otorgue a dedo las ayudas a Escola Valenciana

La Agencia Antifraude ha terminado ya su investigación sobre una subvención del Ayuntamiento de Valencia a Escola Valenciana. Las averiguaciones comenzaron en 2018 cuando el organismo recibió una denuncia anónima -procedimiento mayoritario en el organismo que dirige Joan Llinares- respecto a una ayuda de 25.000 euros para la entidad. La clave de este asunto reside en por qué se recurrió a la subvención nominativa -a dedo- cuando según el informe de la Intervención no se acreditaron de manera suficiente los motivos para no sacar un concurso.

El Ayuntamiento ha aportado durante los últimos meses abundante información a la Agencia Antifraude con la que trataba de justificar el uso de este excepcional procedimiento. El instructor del expediente de Antifraude hace constar en su informe preliminar -ahora ya definitivo- que no se entienden qué razones de interés público o social explican la concesión directa. Y menos todavía -continúa el dossier- cuando se trata de una ayuda que se concede todos los años por lo que no se puede hablar de un carácter extraordinario o de una necesidad sobrevenida.

Las alegaciones del Gobierno de coalición han sido descartadas por el especialista de la Agencia. Sostenía el Consistorio que existen otras asociaciones que se dedican a la promoción del valenciano, pero destacaba la singularidad de Escola para respaldar esa concesión directa. Antifraude mantiene que esas consideraciones son subjetivas y sería en un proceso competitivo donde se podría evaluar el potencial de todas las organizaciones.

Antifraude, en el cierre del expediente el día 17 de este mismo mes, recoge una recomendación para el Gobierno de Ribó: la necesidad de que las ayudas para la promoción del valenciano se den con convocatoria pública.

La investigación de Antifraude se remonta a las ayudas dadas en 2018, aunque el gobierno municipal ha seguido concediéndolas hasta ahora. Es más, en los presupuestos aprobados de manera provisional el día 19, sólo dos después de la resolución de la agencia, se otorga la misma cantidad, 25.000 euros, y por la misma vía de la subvención nominativa sin concurso público.

La portavoz del grupo popular, María José Catalá, dijo que la resolución de la Agencia Antifraude «deja en evidencia la voluntad política del Ribó y el PSPV de favorecer a entidades catalanistas que utilizan el dinero público para fines en los que no están justificados el interés general» y pidió su paralización.

«Es muy grave la resolución porque deja claro que hay más entidades que fomentan el uso del valenciano que podían haber optado a estas ayudas. Este gobierno ha dado a diversas entidades más de 400.000 euros de fondos públicos».