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El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent Joge Rodríguez. JESÚS SIGNES
Caso Alqueria: Divalterra, Imelsa y Jorge Rodríguez | El juez abre juicio a Jorge Rodríguez y Anticorrupción le pide 8 años de cárcel

El juez abre juicio a Jorge Rodríguez y Anticorrupción le pide 8 años de cárcel

Solicita la misma pena para su núcleo de confianza y cinco añosde prisión para los trabajadores contratados de forma irregular

JC. Ferriol Moya

Valencia

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Martes, 23 de febrero 2021

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El caso Alquería, la causa que investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial en Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa, sentará en el banquillo al expresidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, y a otras 14 personas. Así consta en el auto de apertura de juicio oral dado a conocer ayer por el titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia. El mismo día que la Fiscalía Anticorrupción daba a conocer que solicita 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación para el propio exdirigente socialista y algunos de sus más estrechos colaboradores durante su etapa como máximo responsable de la institución con sede en el Palacio de Batlia.

Las esperanzas que depositaban algunos en que el caso Alquería acabara antes de llegar a la Audiencia provincial se desvanecieron ayer. La investigación que afecta de lleno a exdirigentes de PSPV y Compromís y en la que se investiga los contratos de alta dirección realizados desde la empresa de la corporación provincial -y que tuvieron un coste para las arcas públicas superior a los 1,1 millones de euros- pone el foco sobre la gestión de Rodríguez, en aquel momento uno de los referentes de mayor proyección del socialismo valenciano.

Para Rodríguez, así como para el que fuera su jefe de gabinete Ricard Gallego, el exasesor de presidencia de la Diputación Manuel Reguart y los exgerentes de Imelsa y Divalterra respectivamente, Josep Ramon Tiller y Agus Brines, Anticorrupción solicita 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta. El ministerio público solicita, dos años menos de prisión, es decir, seis, para Jorge Cuerda, letrado de Rodríguez, y Xavier Simón. Y pide también cárcel, en este caso cinco años, para los trabajadores con contratos de alta dirección. Al mismo tiempo, Fiscalía plantea que los cinco cabecillas deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Divalterra por una cantidad que supera el millón de euros. Según las fuentes consultadas por este diario, difícilmente el juicio se celebrará a lo largo de este 2021.

En su escrito, Anticorrupción señala a Tiller, Brines, Reguart y Rodríguez por diseñar un «sistema artificioso de áreas de dirección (en Divalterra), costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba y que respondía a una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes, de PSPV y Compromís, los cuáles se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública».

Anticorrupción señala a Tiller y Brines por la contratación en noviembre de 2015 de siete altos cargos en la aún llamada Imelsa «siguiendo una política de claro desprecio al patrimonio público» y obviando los informes legales en contra. El fiscal detecta la creación de un total de cinco áreas vacías de contenido «con el solo propósito de amparar una contratación ruinosa para la empresa pública».

En su escrito, de 38 folios, el fiscal recuerda el episodio en el que Ricard Gallego se dirige al auditor interno de la empresa, en una reunión del consejo de Divalterra, al grito de «hijo de puta» para hacerle callar porque este advertía de la irregularidad de los contratos. A Gallego, como a Rodríguez, Reguart, Tiller y Brines les atribuye la creación de un consejo de dirección paralelo al de administración y no contemplado en los estatutos de la firma.

El relato del fiscal recuerda los serios reparos de la Intervención del Estado a estas contrataciones así como a las dos nuevas que se llevan a cabo en enero de 2018, así como el intento vano de paralizarlas tras conocer que un miembro del consejo, el representante de Cs, había presentado denuncia por los hechos.

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