Borrar
Urgente Cuatro muertos, dos en Tarragona y dos en Asturias, por el temporal
Dos menores en una escuela. albert gea
Altos cargos de Educación y Arzobispado, investigados por el fraude de los docentes

Altos cargos de Educación y Arzobispado, investigados por el fraude de los docentes

La denuncia de la fiscalía se dirige contra el que fuera director general de centros, el responsable de política educativa de la Iglesia y 22 profesores

A. Rallo

Valencia

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Jueves, 31 de mayo 2018, 01:51

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Otra nueva investigación en marcha por las irregularidades en la Conselleria de Educación en la etapa del Partido Popular. El juzgado de Instrucción 16 de Valencia ha asumido la querella que en su día presentó el fiscal por el supuesto caso de 22 profesores de Religión que cobraban sin dar clase en ningún centro educativo.

El órgano, tras analizar toda la documentación que en su día presentó el ministerio público, considera que existen indicios para continuar la investigación. La novedad es contra quién se dirige el procedimiento, dato hasta la fecha desconocido.

EL CASO

  • Los hechos 22 docentes que estaban en el Arzobispado en vez de dar clase.

  • Delitos La fiscalía calificó los hechos de manera indiciaria como prevaricación, malversación y fraude a la Administración.

  • Perjuicio El montante económico de los profesores que no estaban y los que se contrataron para sustituirlos. Alrededor de 750.000 euros.

La Fiscalía decidió denunciar en su día a Santiago Martí, el ex director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria. Del mismo modo, la acusación también se amplía a Rafael Cerdá, el presidente de la comisión diocesana de Religión, ahora denominada de Enseñanza y Pastoral Educativa.

El asunto radica en que 22 docentes cobraron de la Conselleria sin necesidad de dar clase. Los profesores disponían de una comisión de servicio para desarrollar su tarea en el órgano eclesiástico. Pero ese instrumento, la comisión de servicios, sólo se puede aplicar entre las diferentes administraciones, según expuso en su día la querella del fiscal. Por tanto, no existiría base legal para ese trasvase de trabajadores. La falta de esta cobertura en la normativa es la principal prueba de la acusación pública.

El caso fue denunciado en su día por Compromís, en un intento de judicializar toda la labor previa que el PP había desempeñado en la Generalitat. El ministerio público cifra en unos 750.000 euros el dinero supuestamente malversado. Esta cifra se obtendría de las cantidades que se abonaron a los docentes sin prestar un servicio a la Conselleria de Educación. También incluye el sueldo que se pagó a los profesionales que, en teoría, sustituyeron a los destinados en el Arzobispado de manera irregular. Así pues, el montante total sería el sueldo de 44 profesores durante un curso escolar. Únicamente se investiga el periodo 2014-2015, pero no se descarta ampliar las pesquisas a otros ejercicios.

Estos hechos se produjeron durante la etapa de María José Catalá en el Consell. En su día explicó que esta situación provenía de la etapa socialista y que los profesores regresaron a su destino de manera preventiva mientras se terminaba la redacción del decreto, cuyo borrador permitía este desplazamiento de trabajadores. La ahora diputada popular recordó que la rectificación se produjo antes de que la Abogacía de la Generalitat advirtiera de las imposibilidades de la medida.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios