La jueza de la dana y su cerco a Mazón
os interrogatorios de la magistrada evidencian su creencia de que el presidente dirigió la gestión desde la distancia. Pero esta tesis, por el momento, carece de indicios
Carlos Mazón no está investigado, pero su figura y su actuación son una pieza todavía por encajar en el puzzle judicial de la dana, la ... gestión de una catástrofe que se saldó con 229 muertos. Las querellas contra el presidente en el TSJ –impulsadas por letrados y despachos en busca de impacto mediático y cierta fortuna– fueron en su momento rechazadas por el alto tribunal valenciano. No existían indicios delictivos en su actuación. Hubo un tiempo, en los comienzos de la investigación a Rafa Blasco, en que el TSJ recibía numerosas querellas con tal de buscar la imputación de algún dirigente y arruinar su carrera. Fue entonces cuando el TSJ asentó la tesis de que allí solo debían llegar ya los casos instruidos y únicamente para proceder a analizar la participación del aforado. Ocurrió, por ejemplo, con algunas denuncias contra Serafín Castellano y los contratos de Taroncher, por recordar un ejemplo. La historia se repitió con Mazón. La investigación de la dana se inició en un juzgado unipersonal que, de inmediato, dirigió el foco a los dos cargos autonómicos imputados. La consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso. Esa fue la hoja de ruta basada en una premisa: las competencias de Protección Civil eran autonómicas. Son ellos los únicos imputados hasta la fecha, y las resoluciones apuntan a que no habrá más invitados con esa condición. El resto de dirigentes, cuya actuación ineficiente también puede ser cuestionada, no tienen la posición de garantes, una de las características del delito de homicidio imprudente en la modalidad de comisión por omisión, es decir, la posibilidad de establecer medidas de protección civil. Esta circunstancia salva a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la CHJ, Miguel Polo, de verse salpicados en la causa.
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La instructora no puede practicar diligencias directas sobre Mazón, pero sondea a los testigos sobre su papel en el Cecopi
Los interrogatorios de la jueza, no obstante, permiten intuir que en el centro de este tela de araña se sitúa Mazón. Esa es al menos su idea de trabajo. Las preguntas de la pasada semana al bombero que participó en el Cecopi fueron especialmente intensas respecto a la llegada del presidente y el papel que asumió. «¿Hablaba o escuchaba?», ¿quién dirige aquello, Pradas o Mazón, o seguía siendo un debate?» «Es importante a la hora de tomar decisiones», precisó la instructora tras insistir en este apartado. No es la primera vez que 'aprieta' a testigos en este sentido. La tesis de que Mazón dio instrucciones, aprobó o monitorizó desde la distancia todo lo que acontecía en la reunión de Emergencias le llevaría a una posición relevante en esa eventual toma de decisiones en el retraso del Es Alert, el mensaje de alerta masivo. A eso se le suman algunos supuestos problemas de comunicación con los móviles. Y los cambios de versión del presidente. En primer lugar, dijo que se incorporó alrededor de las 19 horas en un intento de situarse en el centro de mando. Luego, con su precisión horaria -llegó a las 20.28- se alejó de la sala de máquinas.
A la hipótesis, lógica en el desarrollo e incluso en el sentido común –¿no sería normal que una consellera consultar el envío de un SMS, medida que nunca se había planteado en la Comunitat– se cae por la falta de indicios. Nadie, ni testigos ni imputados, han apuntado en esa dirección. Ni tampoco consta documentación. Y Mazón no es miembro del Cecopi. La jueza no puede realizar indagaciones directas contra el jefe del Consell sino tan sólo periféricas, como preguntar a los testigos por aquel desempeño del presidente. La magistrada, no obstante, ha mostrado sus intenciones. Le ha invitado al menos en dos ocasiones a declarar acompañado de su abogado. En unos autos, que ahora sí, llegan al Palau. Mazón no tiene previsto contestar. Confía en que el tiempo y la investigación le terminen dando la razón.
Un archivo de las actuaciones antes de las elecciones le daría, sin duda, cierto respaldo para intentar una reelección. La magistrada tampoco lo tiene fácil. No puede 'arriesgarse' a una exposición motivada al Tribunal Superior de Justicia que no esté perfectamente ensamblada. Ahí, claro, ya no valen conjeturas. Ese es el dilema. Plantear una eventual imputación del TSJ se puede volver en su contra. No es la primera vez que el alto tribunal rechaza una petición de este tipo; la más sonada fue la del juez Castro con el caso Nóos contra Rita Barberá y Francisco Camps. Una decisión del TSJ en este sentido alimentaría la tesis de persecución a los dirigentes populares, algo que ha germinado por algunas expresiones de sus autos, en ocasiones incluso con ironía, acerca de la actuación de la conselleria. Queda todavía mucha tela, de araña. Sin saber si hay un aforado enredado.
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