Extremadura y la Comunitat Valenciana firman un acuerdo sobre la financiación autonómica

Los Gobiernos de la Junta de Extremadura y de la Generalitat Valenciana han firmado una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, donde piden resolver el problema de insuficiencia estructural para financiar el gasto en servicios públicos y acometer una armonización fiscal.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, y el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, han sellado hoy en Mérida este acuerdo ante la reforma del sistema de financiación autonómica prevista para este año y que se encuentra en la fase de informe por la Comisión de Expertos.

En el documento suscrito se señala que la reforma no debe abordarse como un debate entre territorios, pues según, Blanco-Morales, en "las Comunidades Autónomas, es más lo que nos une que lo que nos separa". "Se ha acabado la historia de los codazos", ha añadido Soler.

El conseller valenciano considera que esta reforma supone "una gran oportunidad histórica" de corregir las deficiencias del actual modelo y dotar de recursos suficientes a la financiación de los servicios públicos de los que son responsables las comunidades (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), así como mantener la calidad de éstos "sea cual sea la coyuntura fiscal".

Además, según la declaración, debido a la insuficiencia de ingresos, y pese a reducir el gasto, las comunidades han incrementado sustancialmente su endeudamiento entre 2009 y 2014, mientras que si se hubiesen provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en estos servicios, el endeudamiento hubiera sido "156.000 millones de euros inferior al actual".

Por ello, para Extremadura y la Comunitat Valenciana, resolver este problema de insuficiencia estructural debe ser "el primer y principal objetivo del nuevo sistema de financiación", así como abordar el problema derivado de los déficit presupuestarios por la infrafinanciación autonómica y que se han traducido en "un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de las comunidades de régimen común".

Según ha detallado Blanco-Morales, el gasto real por habitante de las comunidades "se ha visto forzado a retroceder un 15 % entre 2015 y 2017" y, pese a ello, las comunidades dedican "16.000 millones de euros más" a prestar los servicios públicos esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía del actual modelo para financiarlos.

En la declaración se incide también en la equiparación en recursos a las distintas regiones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir un nivel equivalente de servicios públicos, con independencia de donde residan.

Soler ha recalcado, además, que el nivel de gasto de los servicios públicos "debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico", para lo que se debe construir una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y crear un fondo de reserva (como sucede con las pensiones).

Otro de los puntos clave de esta declaración es la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las CCAA, y de éstas entre sí; y piden que se acometa un proceso de armonización fiscal, ya que la ausencia de ésta provoca "una desigual e injusta distribución de la carga tributaria".

Igualmente, esta reforma debe, según Soler, establecer "una reflexión en paralelo" de la distribución de los recursos "en función de cómo ha quedado el reparto de las competencias entre las tres administraciones públicas": general, autonómica y local.

Se reclama, asimismo, un esfuerzo equitativo y proporcional en la reducción del gasto público de las distintas administraciones, pues ha sido "muy desigual".

En cuanto al objetivo de déficit, y a preguntas de los medios, Blanco-Morales ha reiterado la exigencia de Extremadura de un reparto "más justo y equitativo" y "la misma flexibilidad que tiene el Estado para cumplir".

Soler, por su parte, ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno de la Generalitat por "revertir" la situación económica-fiscal que se encontraron y por gastar el dinero en las "prioridades". "El combate de la corrupción en la Comunitat hasta las últimas consecuencias nos está aligerando la carga", ha agregado el conseller valenciano.

Cuestionados por la financiación en los territorios con régimen foral, País Vasco y Navarra, Blanco-Morales ha afirmado que "es momento para que esa singularidad se encarrile en el nuevo modelo de financiación autonómica desde la transparencia y la cooperación".

Para Soler, lo fundamental es que el cálculo lleve a que la contribución de "todos los territorios a los servicios comunes sea parecida, sea cual sea el método".

La declaración suscrita hoy entre ambas comunidades se enmarca en el diálogo entre territorios para esta reforma. Según Soler, la Comunitat Valenciana ya ha firmado un documento similar con la Junta de Andalucía, Murcia y Baleares, y se está en conversaciones con Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia.