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El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. :: efe/m. bruque
La Conselleria de Transparencia avala que algunas subvenciones del Consell sean secretas

La Conselleria de Transparencia avala que algunas subvenciones del Consell sean secretas

El conseller ratifica el criterio de Educación, que pone trabas para detallar qué entidades y personas se beneficiaron de sus ayudas en 2016

FERRIOL MOYA

Martes, 7 de febrero 2017, 20:30

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No parece necesario explicar la filosofía que hay detrás de la puesta en marcha, en julio de 2015 con la llegada al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, de una conselleria de Transparencia. Compromís y PSPV reivindicaron en no pocas ocasiones durante la pasada legislatura la opacidad con la que, a su juicio, se movía el Gobierno valenciano presidido por el PP. El departamento de Manuel Alcaraz se creó, de algún modo, para garantizar que circunstancias como esa no se volverían a repetir. Algunas sentencias del TSJ, condenando al actual Ejecutivo por no dar información al PP, ya han puesto en cuarentena ese discurso.

Una petición de documentación del portavoz popular Jorge Bellver ha desnudado un poco más esa contradicción sobre la transparencia real del Consell de Puig y Oltra. El parlamentario autonómico presentó una solicitud de documentación para conocer qué entidades habían resultado beneficiadas con la concesión de ayudas y subvenciones de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà. El debate sobre la financiación a grupos y entidades que defienden la promoción del catalán en la Comunitat, como las creadas en el entorno de Acció Cultural, estaba obviamente detrás de la petición.

La primera respuesta del Gobierno valenciano fue la de negar que se hubieran concedido subvenciones. Apenas unos días después, los medios de comunicación se hacían eco de esas ayudas.

Bellver solicitó entonces relación de todas las entidades, colectivos, asociaciones o personas físicas o jurídicas que se habían presentado a las convocatorias correspondientes de concesión de ayudas de la conselleria de Educación. El diputado trataba de averiguar así si además de subvencionar a entidades y colectivos, el Consell había concedido ayudas a personas vinculadas a este tipo de asociaciones y que podrían considerarse como una financiación 'por la puerta de atrás' a este tipo de movimientos.

«Carácter no público»

El departamento de Marzà contesta afirmativamente a la petición del diputado, pero con una llamativa salvedad. Las resoluciones que no se publican en el DOGV y que tienen como beneficiarias a personas físicas no se facilitan «dado que se trata de ayudas relacionadas con la situación socioeconómica». Para esas resoluciones, el departamento de Marzà solicita la declaración de «carácter no público» de las resoluciones que afectan a personas físicas y avisa de que el diputado sólo la podrá consultar acudiendo a una dirección general, no podrá hacer copias y sólo podrá leerla y tomar notas y que no podrá estar acompañado de nadie más. Además, se le recuerda que está obligado a guardar la debida confidencialidad y secreto. Los reparos que pone Educación cuentan con el visto bueno de la conselleria de Transparencia. En la tramitación de la respuesta figura el escrito de la conselleria que dirige Alcaraz y en la que se asume el criterio del departamento de Educación para «declarar no pública aquella parte de la información que se indica en la respuesta del conseller». De hecho, la Mesa de Les Corts tramitó ese escrito, con el argumento de que así figura en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento de Les Corts.

Pero el hecho resulta más significativo si cabe porque La Ley de Protección de Datos de 1999 ya establece ese deber de confidencialidad al que se hace referencia en la respuesta de Educación. Y porque los diputados ya firman un documento por el que se comprometen a guardar confidencialidad de los datos personales que reciban.

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