La trama de saqueo de ayuntamientos recibía los encargos de forma verbal

Los dos cabecillas de la trama ideada para saquear ayuntamientos de la provincia de Valencia han cumplido ya sus primeros días en prisión. Se trata de José Antonio Sancho Sempere, secretario del ayuntamiento de Canet y considerado el alcalde en la sombra del municipio, y Rafael Parra Mateu, funcionario de Chiva en comisión de servicio en el Consorcio de Museos. Esta entidad ya ha iniciado los trámites para que deje de pertenecer al órgano, según confirmaron fuentes del propio ente. Ambos detenidos lideraban un entramado empresarial, compuesto por al menos siete sociedades con denominaciones incluso bastante similares, que facturaban por asesorías, informes jurídicos y auditorías sin ninguna justificación.

Una circunstancia llama especialmente la atención en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que continúa bajo secreto. Los encargos a las firmas de la red se realizaban de manera verbal sin contrato en el que se especificara, por ejemplo, las características del trabajo encargado. Evidentemente esta modalidad está prohibida en administraciones públicas para evitar lo que presuntamente ha ocurrido con esta trama. En realidad, se trataba de informes que carecían de cualquier utilidad para los consistorio. También sorprende el importe de algunas de las cantidades abonadas por una decena de municipios, significativamente elevados para el presupuesto que manejan o por el servicio encargado.

Otro dato sorprendente es que alguna de las sociedades a través de las que se facturan los citados informes se definen como asociaciones sin ánimo de lucro cuando, en realidad, sirvieron supuestamente para que los ahora presos acumularan un importante patrimonio. Se calcula un fraude cercano al millón de euros. La investigación deberá aclarar si los responsables municipales recibieron alguna compensación económica por contratar con los dos detenidos.

Los municipios que fueron registrados por la Guardia Civil hace cerca de un año son Canet dEn Berenguer, San Antonio de Benagéber, Benisanó, Benirredrà, Ador, Real de Gandia, Vallada, Benimodo, lAtzuvia y la Vall de Laguar. Los agentes entregaron recientemente el resultado de sus pesquisas tras analizar toda la documentación recopilada en los registros.

Se da la circunstancia de que la hija de Rafael Parra fue vista hace unos días en el ayuntamiento de Benisanó, según fuentes municipales. Se desconoce qué hacía en el consistorio. La alcaldesa del municipio, Isabel Castellano, dijo no tener constancia de esta visita, aunque precisó que no estuvo toda la mañana.

La responsable municipal sí reconoció los vínculos del ahora preso con el municipio. Parra Mateu trabaja como asesor económico del ayuntamiento. Añadió que lo hace a través de una sociedad de la que no recordaba el nombre. Otras fuentes precisaron que se trataba de Asesores Económicos Públicos, una sociedad en la que Parra fue apoderado y en la que miembros de su familia ocuparon puestos de responsabilidad.

Las mismas fuentes aseguran que posteriormente cambió la denominación de la mercantil al aparecer el escándalo de la Pobla de Farnals por el que Parra se enfrenta a tres años de prisión por un fraude similar a los ahora investigados. De hecho, el caso de la Pobla de Farnals es el que destapó toda esta trama.

La alcaldesa de esta localidad admitió que Parra es asesor económico desde muchos años antes de que llegara a la alcaldía. Reconoció, además, que es el encargado de la liquidación de la empresa pública Aguas de Benisanó. El PSPV se opuso en su día a su designación tras saltar el escándalo de la Pobla. El ahora detenido cobraba entre 2.500 y 2.600 euros mensuales, según confirmaron fuentes del PSPV de la localidad.

La Plataforma por San Antonio de Benagéber, otro de los municipios investigados por la relación con los dos imputados, ha solicitado al ayuntamiento que aclare la relación de los dos funcionarios bajo sospecha. Para ello, han reclamado al alcalde, Eugenio Cañizares, la convocatoria de un pleno extraordinario «aclaratorio», según informó la agencia Europa Press. Se da la circunstancia de que Sancho Sempere era el abogado del municipio, mientras Parra era también el liquidador de la empresa municipal San Antonio de Benagéber: Formación, Empleo y Servicio (SABFES).

Actividades prohibidas

Todas estas actividades que realizaba Parra y Sancho están prohibidas por la ley de Incompatibilidades. No es posible ser funcionario y recibir más de un sueldo de origen público o contratar con una administración a través de una empresa.

Plataforma exigió al ayuntamiento que indique "qué documentos solicitó el juzgado cuando se produjo el registro" en el consistorio en 2014, además de la liquidación de la empresa pública local SABFES, y las vinculaciones que existen o han existido entre uno de los detenidos y sus empresas. Del mismo modo, Orozco aseguró que "al conocer por la prensa la causa, aportó información al juzgado por si fuera de interés para la investigación".

El responsable del grupo opositor recordó que en ocasiones anteriores, el grupo ha solicitado la rescisión del contrato con el servicio jurídico contratado con José Antonio S.S. "por sus imputaciones y por los resultados de algunas actuaciones jurídicas que han acabado en condena para el consistorio". No obstante, apuntó que Cañizares "decretó la prórroga de este servicio en abril de 2014 hasta 2016 por 58.8000 euros más IVA".