El grupo parlamentario socialista deja en manos de Ferraz el futuro de su diputada imputada
El síndic del PSPV recuerda que la causa por acoso laboral en la que está investigada Ana Belén Juárez lleva judicializada 14 años y que esperan que se resuelva favorablemente para la implicada
Burguera
Lunes, 15 de abril 2024, 14:42
El grupo parlamentario socialista confía en que el futuro judicial de Ana Belén Juárez, que hace un mes se incorporó a Les Corts, sea bueno ... y el proceso en el que está implicada se resuelva a su favor. En cualquier caso, según el síndic el síndic del PSPV en la Cámara valenciana, José Muñoz, su situación la debe resolver el partido con sede en Ferraz.
La sección séptima de la Audiencia provincial de Alicante ha dictado una diligencia por la que ordena suspender las sesiones del juicio oral abierto por el juzgado de instrucción número 2 de Torrevieja contra, entre otros, contra la diputada socialista alicantina Ana Belén Juárez. El escrito ordena elevar la causa «al TSJ valenciano para que proceda al enjuiciamiento de la causa» como consecuencia de la condición de aforada de la parlamentaria socialista.
«El partido nos dirá cómo proceder», ha indicado este lunes Muñoz, quien ha recordado que «en cualquier caso, es una causa (por el conocimiento que tengo que no es demasiado) que se produce en el ámbito administrativo del propio Ayuntamiento, y si no me equivoco esta causa lleva abierta aproximadamente 14 años y aún está pendiente de resolución».
Juárez es diputada autonómica del PSPV desde hace sólo unas semanas. Ocupó el número 13 de la candidatura socialista en las elecciones del pasado 28 de mayo. La renuncia de David López, el profesor de la Miguel Hernández experto en agua fichado por Ximo Puig para esos comicios, le permitió este pasado mes de marzo tomar posesión del escaño en la Cámara.
Juárez llegaba a Les Corts con un frente judicial abierto. La también teniente de alcalde de la localidad de Los Montesinos, en la Vega Baja, tenía fijado juicio oral para el 26 de abril junto al alcalde del municipio, el socialista José Manuel Butrón, y otros dos funcionarios. La Fiscalía pedía un año de cárcel para los acusados por el delito de acoso laboral y el pago de una responsabilidad civil de 40.000 euros entre los acusados por los daños psicológicos sufridos por el denunciante, el funcionario jefe de Urbanismo en 2012, sin considerar la prevaricación ni el cohecho. Por su parte, la acusación particular solicitaba una pena de 8 años de prisión y 25 de inhabilitación para Butrón y dos años de cárcel y 25 de inhabilitación para la diputada socialista.
«Nosotros lo que esperamos es que se resuelva (el proceso judicial) favorablemente y, en cualquier caso, también lo que diga la dirección del partido pues será lo que haga el grupo parlamentario», ha indicado Muñoz.
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