Territorio prevé modificar la ley urbanística para regular las casas ilegales

Hasta el año que viene no se pondrá la primera piedra para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y dar una salida legal a las cientos de viviendas diseminadas en el término municipal de Catral. Diez años después de que estallase la burbuja inmobiliaria en la huerta de la Vega Baja todavía no se ha podido dar una respuesta ordenada y legal al millar de chalés que conformar un conglomerado de minúsculas urbanizaciones.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador, visitó la Vega Baja y habló del caso concreto de las urbanizaciones diseminadas en el entorno de Catral. Advirtió que «tenemos pendiente acometer una reforma de la Lotup, que se empezará a partir del año 2016, hay que hacer modificaciones importantes en algunos aspectos». Esta reforma de este marco jurídico viene proyectada en ajustar los nuevos planteamientos políticos del «urbanismo protector».

El equipo que dirige la Generalitat Valenciana aboga por proteger el suelo rústico no afectado antes que desarrollar cualquier Plan General. Para ello, pondrá la bases para que los diseminados puedan tener los mismos servicios urbanos que el centro del pueblo. En la actualidad los propietarios solo han conseguido una cédula de habitabilidad con la que disponen de agua corriente, luz eléctrica y otros servicios privados, no obstante, todavía les queda para disponer de servicios públicos como alumbrado o recogida de residuos. La consellera dijo que «estamos estudiando una solución jurídica para un futuro más o menos inmediato».