España podrá acceder al fondo europeo de solidaridad por la presión migratoria

El informe comunitario destaca el «desproporcionado número de llegadas» que reciben estos cuatro países situados en el sur de Europa. Destaca, además, que Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Finlandia «están en riesgo de sufrir presión migratoria», debido al gran número de llegadas en años precedentes, a sus sistemas de acogida que se encuentran «tensionados» o a las amenazas del uso de la migración como arma.

La Comisión seguirá de cerca la situación en estos países y evaluará los riesgos periódicamente. Además, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia tendrán la posibilidad de pedir al Consejo una deducción «total o parcial» de sus contribuciones al Fondo de Solidaridad para los próximos años. Para mantener el equilibrio de solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros, la Comisión no obligará a contribuir a aquellos países bajo presión migratoria «si se han identificado deficiencias sistémicas en ese Estado miembro con respecto a las nuevas normas de responsabilidad».

Estará en manos de cada país europeo decidir cómo contribuye al Fondo de Solidaridad y esa aportación será pública y legalmente vinculante. Los Estados miembros serán libres de decidir la forma en la que contribuyen, con reubicaciones, compensaciones económicas o una mezcla de estas dos fórmulas.

El documento de la Comisión muestra la imagen de los proceso de recepción de migración y asilo dentro del bloque comunitario y sirve para identificar posibles tendencias futuras. Según los datos que maneja esta institución las llegadas ilegales se han reducido en un 35% en un año -los datos más recientes son de julio-. Esta evolución se explica por el aumento de la cooperación entre países aliados, pero el Ejecutivo observa «desafíos pendientes» como la presión continuada de las llegadas irregulares y movimientos no autorizados dentro de la UE.

Observa también «un progreso continuado» en los esfuerzos de los Estados miembros para la aplicación de todos los componentes del Pacto de migración y asilo y urge a completar las reformas nacionales necesarias para que pueda entrar en funcionamiento en junio de 2026. Todos estos elementos hacen que Bruselas vea una «base sólida» para la gestión efectiva de la migración y el asilo por parte del bloque comunitario.