La Unió denuncia el bloqueo administrativo que mantiene sin ayudas al 6% de las parcelas afectadas por la dana

La organización agraria exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que aclare la situación y garantice los derechos de los afectados. Muchas de las parcelas afectadas cuentan con actividad agraria consolidada, derechos reconocidos dentro de la Política Agrícola Común (PAC) y, en algunos casos, autorizaciones de riego. Su inclusión en el DPH, advierte La Unió, supondrá un grave impacto económico y jurídico para los agricultores.

Entre sus demandas, la entidad pide que las nuevas delimitaciones del DPH se incorporen al Sistema de Información Geográfica de la PAC para que los propietarios puedan consultar fácilmente la situación legal de sus tierras. También reclama compensaciones económicas proporcionales al valor patrimonial del suelo, la pérdida productiva y el perjuicio generado, así como la conservación de los derechos de ayuda directa de la PAC y de plantación de viñedo, para que puedan activarse sobre otras superficies en el futuro. En materia de riego, solicita que se respeten los derechos existentes y que se faciliten autorizaciones equivalentes en las parcelas de sustitución.

El caso de Laura Pérez, agricultora de Requena, refleja la incertidumbre que viven muchos afectados: «A finales de julio todavía me estaban peritando mis cuatro hectáreas de viña que desaparecieron con la riada y que han pasado a formar parte del Dominio Público Hidráulico. Sigo sin mis tierras y sin saber a qué atenerme», lamenta. Según el vicesecretario general de La UNIÓ, Luis Javier Navarro, el valor de esa producción de uva para cava superaba los 50.000 euros en un año normal.

Además, hay otro grupo de agricultores cuyas parcelas no han sido incorporadas al DPH pero que continúan sin reparar, lo que impedirá su acceso para vendimiar. Antonio García, viticultor de Utiel, denuncia que, pese al compromiso del Gobierno y de la empresa pública Tragsa, no podrá cosechar este año por falta de accesos y arreglos en sus terrenos.

Navarro insiste en que la gestión de las consecuencias de la dana debe hacerse con «equidad, proporcionalidad y colaboración institucional», evitando que la nueva delimitación del Dominio Público Hidráulico suponga la pérdida de derechos legítimos para quienes llevan décadas sosteniendo la actividad agraria y el equilibrio ambiental en el territorio.