Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela

El caso tiene algunas particularidades. El cabecilla, Laureano David, se fugó a Venezuela con su mujer, también investigada, nada más comenzar las primeras sospechas por los impagos de los generosos intereses que prometía. La Justicia venezolana ha rechazado la extradición y tendrá que ser juzgado en el país. Esta situación añade más incertidumbre todavía a la resolución del caso.

La prensa venezolana, además, ha ofrecido más detalles acerca de la vida de Laureano. Medios del país hablan de que se trata de un afamado productor teatral. EsReviral, por ejemplo, cuenta cómo fue responsable de una treintena de producciones en Caracas y después dio el salto a Estados Unidos donde obtuvo un notable éxito de público. La pandemia del Covid lo frenó todo, tal y como recogen esas publicaciones. Fue entonces su traslado a España y el inicio de esta extraña operativa que lo ha llevado hasta la Justicia.

El presunto estafador captaba a la víctimas fundamentalmente en un colegio de élite de la provincia de Valencia donde conoció a familias de alto poder económico y con extensos contactos sociales. Él exhibía un altísimo nivel de vida, coches, residencia y viajes, para trasladar solvencia y confianza a los incautos inversores.

Pero, en Valencia, se quedó un tercer investigado. Se trata de J. Alamañac, según el letrado que representa a una veintena de víctimas. No son las únicas. Existen otros afectados e incluso familias que no han querido denunciar por vergüenza o pérdida de reputación empresarial o familiar.

El abogado sostiene que el socio actuaba como «un agente externo» de la empresa para captar inversores. Además, más tarde, fruto de esa colaboración fue nombrado administrador de la cita mercantil porque el cabecilla viajaba frecuentemente y necesitaba una persona de referencia en la capital del Turia. Esta designación se produjo en mayo de 2022. Las víctimas sostienen que conoció desde el minuto uno el carácter fraudulento de la inversión.

El socio investigado ofreció durante su declaración la misma explicación que previamente había dado el cabecilla de la red para no devolver los intereses a los inversores. El hecho de que se habían bloqueado los fondos en una cuenta en Estados Unidos, lo que imposibilitaba los reintegros. Pero nunca se ha aportado documentación que acredite la veracidad de esa información. La acusación particular, en cambio, considera que se trata de una «táctica para ganar tiempo y seguir captando dinero».

La mercantil bajo sospecha, Expa, se instaló en pleno centro de Valencia, en la calle Cirilo Amorós. En su origen, ofrecía unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta convencional de mercado. Formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Todo era una estratagema

El fraude, según la citada acusación, presenta las características típicas del esquema Ponzi, en el que los rendimientos ofrecidos a los primeros inversores se financiaban con los fondos captados de nuevos partícipes, sin que existiera actividad mercantil real, ni operaciones acreditadas con terceros ni retorno de las inversiones.