Una asociación de víctimas de la dana pide 58 millones a la Generalitat y a la CHJ por los daños de la barrancada

«Hay que ver si lo que sucedió era evitable. Se entiende que ha habido un anormal funcionamiento de la administración pública», ha dicho Hernández, que apunta que en la demanda 12 familias reclaman por 6 fallecidos. Además, figuran en ella 15 lesionados, 107 viviendas, 102 vehículos y 12 empresas que se vieron dañadas por la barrancada. También están en la reclamación «los daños morales por un evento que afecta a tu calidad de vida futura». «No se habían llevado a cabo las medidas de alerta previstas para situaciones de prevención para los ciudadanos. Se da la situación de que existen en la causa penal informes que evidencian que las infraestructuras que podían haber evitado o reducido la situación estaban planeadas pero no ejecutadas. Además, los cauces no estaban lo suficientemente en condiciones, lo que evidencia responsabilidad en la administración pública», ha explicado Hernández.

La petición va contra la Generalitat y también contra la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, «que debería haber conservado mejor los cauces y los afluentes». «Ambos organismos tenían que haber llevado a cabo las obras previstas en informes a los que hemos tenido acceso», ha insistido Hernández.

Por su parte, el letrado de Vilches Abogados que tramita la causa, Gonzalo León, ha subrayado que no se puede olvidar «que son muchos los ciudadanos valencianos que han sufrido importantes daños materiales en sus viviendas, vehículos y empresas, así como perjuicios morales que no están siendo objeto de investigación en el procedimiento penal». «Consideramos que esta vía de reclamación es tan importante como el procedimiento judicial. Son caminos paralelos y absolutamente necesarios», ha concluido el letrado de Vilches Abogados. El despacho se basa en el artículo 67 de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo, que marca un año el plazo para exigir reclamación patrimonial tras el hecho que provoca el daño. Sin embargo, los letrados son conscientes de que las administraciones pueden alegar que mientras no termine el juicio penal no ha lugar a negociar indemnizaciones, pero aseguran estar preparados para ello: presentarán un recurso contencioso administrativo para que un juez decida.

Por su parte, el presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, ha destacado que «es fundamental que estos daños sean debidamente cuantificados, para que los afectados puedan recibir una indemnización justa tras las consecuencias sufridas durante la nefasta noche de la dana y su desastrosa gestión». Lesaec espera que la reclamación patrimonial «llegue a buen fin» y ha expresado su confianza en la labor de los jueces. «Nuestro objetivo es reconstruir, poco a poco, todo el daño causado», ha concluido.