Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada

De esta manera se pone fin, aunque de manera provisional porque hay posibilidad de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, a un conflicto que se lleva arrastrando en la urbanización desde hace varios lustros.

En 1999, la urbanización de Cumbres de Calicanto fue recepcionada por el Ayuntamiento de Chiva, lo que implicaba que todos los servicios tenían que ser prestados por parte de la administración pública, como en este caso era la seguridad, que es función de la Policía Local.

A pesar de esta situación, desde la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto, que en realidad es una sociedad civil particular, se seguía cobrando a todos los residentes una cuota para pagar obligatoriamente un servicio de seguridad privada por las calles de la urbanización. Una medida con la que no estaban de acuerdo decenas de residentes que, sin estar en contra de un servicio de seguridad, lo que demandaban es que no fuera un pago obligado para todos. Es decir, que cada uno podía optar con tener o no, y todo podía pasar por una alarma en su casa en lugar de una patrulla por las calles de la urbanización.

Al echar a andar la urbanización Calicanto, que se construyó por fases, los ayuntamientos no podían cubrir sus servicios mínimos, por lo que se constituyó la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto para al menos cubrir esas necesidades y se estableció para todos los residentes la obligatoriedad de estar asociados. Además, el Ayuntamiento de Chiva dio luz verde a unas ordenanzas para conceder facultades a la asociación.

Pero tras la recepeción en 1999 por parte de Chiva del espacio público, se inició una lucha por parte de algunos propietarios para desvincularse de las obligaciones que imponía la asociación. En 2007, una sentencia del Supremo declaraba que era improcedente obligara los propietarios a estar asociados, y en 2015 otra sentencia de la Audiencia Provincial instaba a no aplicar gastos obligatorios para los propietarios -en 2016, en cambio, la Audiencia también dictó otra que sí avalaba el pago de determinados gastos-.

En octubre de 2020, el pleno del Ayuntamiento de Chiva aprobó por unanimidad modificar la ordenanza municipal reguladora de Cumbres de Calicanto. De esta manera, se eliminó el artículo 4 de la norma, que databa de 1970, por la que se obligaba a los propietarios a pagar trimestralmente la tasa por la vigilancia privada de la urbanización.

Cumbres de Calicanto, como relata el auto, siempre ha estado inmersa en una maraña de resoluciones judiciales entre los propietarios que sí estaban obligados a pagar, los que no y las zonas comunes y no comunes de la urbanización según territorios y términos municipales. La sentencia, finalmente, determina que no hay obligación de pago y que el servicio de seguridad privado puede atender a quien abone su contratación y no atender a aquellos que son ajenos, que se servirán de la Policía Local. A lo que sí que no accede el juez es la petición de disolución de la asociación.

El partido Alternativa Diseminados y Urbanizaciones de Chiva (ADUC), que cuenta con Manuel Verdeguer y María del Carmen López como concejales en el Ayuntamiento de Chiva, ha batallado en los últimos años desde el escenario político para tratar de terminar con el pago de una seguridad privada obligatoria en Calicanto. De hecho, este era uno de los ejes de su programa electoral desde su fundación. La sentencia es fruto de la movilización social de varios vecinos y vecinas de Calicanto, que han mantenido su empeño de acabar con este pago obligado, y desde ADUC se les ha dado la cobertura política necesaria para poder llevar su petición a las instituciones.