Los parches de Igualdad

Los últimos frentes abiertos por la cartera ahora dirigida por Aitana Mas, como relevo de Mónica Oltra, se encuentran en los enfermos mentales y en niños y jóvenes con necesidades especiales, pero se suman, por ejemplo, a las demoras estructurales que sufren los discapacitados para obtener el certificado que acredita su condición, y que alcanzan los dos años en algunos casos –al menos hasta el pasado mes de mayo, como señalan fuentes del colectivo–; o a las listas de espera en dependencia, que no acaban de reducirse y que, incluso, tras el verano han registrado un ligero incremento –hasta rozar los 14.000 solicitantes, a fecha 3 de octubre–.

Por un lado, y como recogía LAS PROVINCIAS esta última semana, usuarios y trabajadores de los Centros de Atención Temprana están muy molestos por los cambios impulsados por el departamento autonómico; modificaciones que, en opinión de los afectados, empeora y reduce el servicio para, de esta forma, poder atender a más niños y reducir las listas de espera, que superan los dos millares de solicitantes y, en algunos casos, la demora para obtener plaza sobrepasa los doce meses.

A grandes rasgos, y como explicaron los afectados, el principal problema es que, para aumentar la atención directa a estos niños con problemas en el desarrollo –y de esta forma poder atender a más usuarios en las mismas jornadas laborales–, la conselleria ha reducido a la mínima expresión la asistencia indirecta, es decir, el tiempo que los profesionales dedican, por ejemplo, a coordinarse con el colegio o el pediatra, a elaborar informes para las familias o para los centros educativos o sanitarios, o a confeccionar las pautas o ejercicios que se preparan para los niños.

Además, como detallaba una especialista de uno de estos centros, con la nueva instrucción «se anula el criterio profesional para decidir el número de sesiones necesarias para cada niño. Ahora las impone la conselleria y si decides que alguien necesita más sesiones, lo tienes que justificar y te lo autorizan o no».

Esta situación llevó a las familias y los trabajadores a celebrar protestas el miércoles en las tres provincias y a convocar, por parte del sindicato CCOO-PV, tres jornadas de huelga.

Otra modificación decretada por la conselleria, en este caso en el reparto de las ayudas para enfermos mentales, deja en el aire 160 plazas en viviendas tuteladas en las que los usuarios aprenden a tener una vida autónoma; prácticamente uno de cada cuatro de estos recursos en la Comunitat, como alertaron desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte). En parte de los casos prácticamente aboca al cierre de estos recursos asistenciales.

En concreto, 34 de las 130 viviendas tuteladas en el ámbito de la Salud Mental no podrán asumir el cambio. Hasta ahora, la Administración daba una ayuda máxima a las personas atendidas en cada una de ellas de 2.350 euros. Sin embargo, con la aprobación del nuevo decreto, «sólo cubre 810 euros, como máximo, de cada plaza» en las viviendas supervisadas. Así, y para poder optar al total de la ayuda, la conselleria exige que las viviendas supervisadas se conviertan en asistidas, lo que se traduce en un incremento de personal y de espacio, puesto que estas últimas son, como mínimo, de seis plazas. Y más de una treintena no pueden contar con más de las cuatro plazas de las que disponen actualmente.