Los padres de la menor que murió al caer de su balcón de Requena exigen 186.000 euros a Sanidad

Así, tres años después de los hechos, Mª Dolores Hernández y Rafael Martínez recurren a la vía civil, tras ser archivada la querella presentada contra la psiquiatra y la psicóloga que atendían a Isabel en la Unidad de Salud Mental de Requena y una investigación externa de la que no tienen ninguna información.

Justifican este recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, tras el silencio administrativo de Sanidad, y la inacción de la Conselleria. Insisten en que las dos terapeutas (psiquiatra y psicóloga) que estaban tratando a su hija no aplicaron los protocolos existentes para que se produjera el trágico desenlace, quitándole la oportunidad de mejoría en su enfermedad.

Para ello, presentan las conclusiones de los informes que encargaron a dos peritos externos que avalan la opinión de los padres de que no se atendió a Isabel como requería su estado de salud mental en aquel momento.

Una de las perito, tras analizar la historia clínica de Isabel, concluye que si se «hubiera tenido en cuenta -por parte de la profesional- la gravedad de la evolución de Isabel y las continuas alertas de los padres y hubiera tomado medidas oportunas de protección y cuidado de la misma… hubiera impedido el fatídico final».

Al respecto señala que esa gravedad no se considera ni siquiera en la última consulta con la paciente, «en la que la gravedad de la situación y la situación familiar desbordada hacía claramente necesario el ingreso de Isabel en un servicio de psiquiatría». «En su lugar -insiste la médico perito- se puso en lista de espera para su ingreso en la Unidad de Tratamientos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de La Fe por desbordamiento familiar, sin aportar ninguna sugerencia de acción preventiva del suicido», cuando en dicha consulta Isabel había explica a la terapeuta que pensaba constantemente en cómo quitarse la vida.

En el otro informe, la perito señala que «Isabel estaba en tratamiento con fármacos que tenían como efecto secundario aumentar las conductas suicidas. Lo que hacía que Isabel tuviera un alto riesgo de suicidio».

Es más, en la única comunicación que recibieron de Conselleria, tras una investigación interna que se abrió, en la conclusión del informe se reconoce que aunque la atención que se prestó a Isabel a lo largo de su seguimiento «se ajusta a los criterios convencionales de buena praxis clínica. Sin embargo, no podemos concluir que se adoptaran todas las medidas necesarias tras su última exploración el 25 de mayo de 2022», fecha de la última consulta.

«Mi hija cumplía todos los requisitos para activar el Protocolo antisuicidio de la Comunitat Valenciana», insiste Rafael Martínez, el padre de la menor, quien se pregunta para qué sirven si no se cumplen y además no se pide responsabilidad alguna por no aplicarlos.

Martínez hace hincapié en que no culpa de la decisión de su hija a las profesionales, «le culpo de no hacer su trabajo, de no cumplir ni los protocolos, de ser negligentes. Mi hija les pidió ayuda», señala.

Es por ello que aseguran que se sienten «maltratados y desamparados por el sistema» y lamentan tener que recurrir a pedir una indemnización, «que pagamos todos los españoles, por su negligencia». También arremeten contra el «corporativismo de sus superiores» que, aseguran, impide velar por el buen hacer de la administración.

«No queremos dinero, buscamos que el negligente esté fuera y no lastre a los buenos profesionales. Queremos que esto no pase más» y pide a los profesionales de Salud Mental «más empatía y humanidad» y a las administraciones «más control y formación».

Cabe recordar que Rafael y Dolores llevan estos tres años luchando por mejorar la situación en Salud Mental , en especial para adolescentes, pidiendo a las administraciones más recursos en hospitales y centros de salud, más formación para los profesionales e información y preparación para las familias de las personas enfermas.