Puñaladas por la espalda

La Cámara Alta aprobó el pasado jueves la nueva ley con la que se regula la PAC que ahora tendrá que volver a pasar por el Congreso de los Diputados. Al margen de todo lo referido a la política agraria común se utilizó la norma para regular las quemas agrícolas, una cuestión que puede tener importantes efectos en la agricultura valenciana.

La ley de residuos había introducido un artículo que venia a restringir este procedimiento y prohibía la quema de los restos de las cosechas. El clamor de los agricultores ante esta decisión llevó a que en una nueva votación en el Congreso de los Diputados se eliminaran estas restricciones con el apoyo de los principales partidos políticos. Pero en su tramitación en el Senado, gracias a una enmienda del PSOE apoyada por ERC, ha vuelto a introducirla.

Una enmienda inicial del Partido Popular pretendía dejar claro que cada comunidad autónoma podría podía autorizar, tal y como sucedía hasta ahora, las quemas. Todos los grupos excepto el Partido Socialista votaron a favor. En su lugar el PSOE presentó otra enmienda en la que pretendía volver a prohibir las quemas que no salió adelante.

Ante ello, más tarde, el PSOE presentó una moción transaccional que fue la que finalmente salió adelante en el pleno con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya. En ella se volvían a rechazar las quemas con la exención expresa para las pequeñas y las microexplotaciones agrarias y siempre que no fuera posible evitar de otra forma la propagación de plagas o para prevenir incendios.

El texto aprobado salva a la agricultura valenciana por los pelos ya que los pequeños agricultores podrán seguir con las quemas si las autoriza la Generalitat. Pero esta restricción de última hora no ha gustado a los agricultores.

Como tampoco ha gustado la decisión del Consejo Nacional del Agua que el pasado martes aprobaba los recortes en el trasvase Tajo-Segura. Según el texto aprobado, la conducción va a sufrir un fuerte recorte que puede llegar al 40% de las cantidades que se permiten trasvasar hoy en día hasta un máximo de 105 hectómetros cúbicos al año.

Se trata de una clara victoria de Castilla-La Mancha frente a los intereses de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía y que puede afectar a miles de empleos en los próximos años.

Tan sólo falta el aval del Gobierno mediante un decreto ley para asestar un golpe mortal a los intereses de miles de regantes alicantinos, murcianos y almerienses.

El acuerdo negociado entre el gobierno valenciano, los socialistas murcianos y el Gobierno de España está en el aire. El pacto incluía una reducción escalonada de las cantidades a recortar que no está claro que se pueda aplicar ya que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, habló de aplicarlas de manera inmediata.

Se trata de una clara victoria de los intereses de Castilla-La Mancha que vuelve a cuestionar la capacidad de influencia de los socialistas valencianos en las decisiones del Gobierno central pese a que el Consell el martes afirmara que la transferencia está garantizada. La realidad es que hoy el recorte del trasvase Tajo-Segura es casi una realidad a falta de que el Gobierno apruebe el plan hidrológico del Tajo, una decisión que se tomará antes de que finalice el año.