Martínez Mus anuncia una nueva Ley de Suelo que «simplifique» procesos «sin perder el respeto a la protección ambiental»

El vicepresidente y conseller de Territorio Martínez Mus ha anunciado este anteproyecto de Ley durante su participación en la jornada 'Inmobilia: vivienda, ciudad y futuro', organizada por Economía Digital y la Cámara de Comercio de la Comunitat. Desde allí, Martínez Mus ha asegurado que el documento que se someterá a información pública «recoge todo lo sembrado durante el proceso de ayuda a los municipios afectados por la dana para simplicar la reorganización de sus territorios. La idea de esta Ley es estabilizar de cara al futuro una serie de medidas que han surgido a partir del trabajo en los municipios afectados».

«La futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana nace con el objetivo de clarificar la farragosa normativa existente, agilizar y simplificar la gestión del territorio, recuperando la sensatez, la seguridad y la eficacia en la planificación urbanística», ha indicado Martínez Mus. Según ha indicado, se trata de una norma «concebida como una herramienta sencilla, segura y útil, a la altura de los retos y oportunidades de la Comunitat». Así pues, el miembro del Consell ha asegurado que con el anteproyecto de esta futura Ley «se cierra una etapa de incertidumbre y abre otra de claridad, planificación y acción, apostando por ordenar antes de urbanizar, proteger sin bloquear y agilizar sin perder garantías, con el fin de poner el territorio al servicio de la ciudadanía».

Según ha indicado la Generalitat, uno de los aspectos clave de este documento será «la prioridad de ordenar el territorio antes de urbanizar, actualizando la Estrategia Territorial y los Planes de Acción Territorial para coordinar infraestructuras, vivienda, industria, transporte y medio ambiente». En este sentido, es cierto que los expertos en ordenación del territorio han venido explicando que es necesaria una visión metropolitana del urbanismo para estar mejor preparados ante nuevas catástrofes naturales como la vivida el 29-O.

Además, el nuevo Plan General se plantea como un instrumento «más ágil y útil, con un enfoque estratégico que simplifica su aprobación y revisión, mientras que el Plan Urbanístico Simplificado permitirá facilitar la gestión en municipios pequeños o en riesgo de despoblación», según ha afirmado la Generalitat. La norma también aporta claridad al uso del suelo no urbanizable, al establecer que en el común se permitirá lo que no esté prohibido y en el protegido solo lo expresamente autorizado. Asimismo, regula la situación de miles de edificaciones preexistentes mediante órdenes individualizadas de minimización que, sin legalizarlas, garantizan condiciones de seguridad, salubridad y sostenibilidad.

En materia de gestión urbanística, la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han asegurado que la declaración responsable se convertíra en título ordinario con el objetivo de reducir plazos. Además, indican que no se renunciará al control posterior. Del mismo modo, «se introducen fórmulas más flexibles que incorporan la colaboración público-privada, la gestión municipal o por propietarios, y se refuerzan tanto la participación pública como el retorno social».

Desde el gobierno autonómico han indicado que la disciplina urbanística se «fortalecerá» mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y una respuesta más eficaz frente a la ilegalidad. «Con ello, se podrán desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión, rehabilitar barrios degradados y proteger el paisaje de forma uniforme», afirman.

Asimismo, el texto «apuesta por un urbanismo del siglo XXI, basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial, utilizando un lenguaje claro y coherente que refuerza la seguridad jurídica y evita la dispersión normativa».

Finalmente, tras su aprobación inicial por el Consell, el anteproyecto inicia ahora su fase de información pública, audiencia a administraciones y entidades afectadas, incorporación de alegaciones y posterior remisión a Les Corts para su tramitación parlamentaria. En este sentido, Martínez Mus ha invitado a todos los presentes y sectores implicados a aportar sus propuestas de cara a contar con la mejor normativa posible.