Tribunales de las oposiciones de 2024, que también fueron de maestros. Jesús Signes

Maestros y aspirantes reclaman que el inicio de las oposiciones de 2026 se mantenga en junio

Consideran que retrasarlas a septiembre, como plantea Educación, afectará a la organización del curso y provocará una elevada rotación de las plantillas

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 15 de julio 2025, 14:54

El cambio de fechas en las oposiciones de maestros de 2026, que empezarán en septiembre en lugar de junio, ya ha provocado las primeras ... reacciones críticas. Un grupo de docentes y aspirantes al proceso selectivo, que incluye 1.959 plazas, ha enviado una carta a todos los sindicatos representados en la mesa sectorial de Educación para que trasladen a la administración la necesidad de paralizar los cambios y mantener el calendario tradicional. Argumentan que el nuevo afectará al inicio del curso 2026-2027 y causará una elevada rotación de puestos fruto de las sustituciones de los miembros de los tribunales, la pérdida de un curso en el ejercicio de la profesión (su nombramiento no sería efectivo hasta el 2027-2028) o un efecto llamada a aspirantes de otras regiones, entre otras cuestiones.

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Como avanzó LAS PROVINCIAS, este jueves se negocia la orden reguladora, en la que se concreta el inicio del proceso: a partir del 1 de septiembre, con la idea de que esté resuelto antes de Navidad. Previsiblemente el primer ejercicio llegaría el sábado 12 y el segundo el 19, aunque estas fechas todavía no se pueden confirmar. La Conselleria de Educación anunció en mayo la creación de un grupo de trabajo con los representantes de los trabajadores para tratar de consensuar una alternativa al modelo actual, de manera que no coincidiera con el final del curso, lo que provocaba una sobrecarga de trabajo para los docentes seleccionados para integrar los tribunales evaluadores.

«Nos dirigimos a ustedes como un amplio grupo de profesionales del ámbito educativo y futuros aspirantes a las oposiciones previstas para 2026», recoge el encabezamiento de la carta, que nace de un grupo organizado a través de redes sociales que cuenta con alrededor de un millar de miembros. La idea es trasladar también el mayor número de firmas posibles para sustentar su petición, pues «un posible aplazamiento tendría consecuencias negativas tanto para la calidad del servicio educativo como para las condiciones laborales y personales de los aspirantes».

La misiva alerta de que las nuevas fechas «suponen interrumpir uno de los momentos más delicados del curso, el inicio escolar», en el que los profesionales participan en reuniones con familias o de coordinación, organizan los planes de acogida y de adaptación del alumnado y establecen «vínculos y rutinas con el grupo», por lo que «cualquier ausencia prolongada o incorporación tardía del profesorado afectaría directamente a la calidad educativa y al bienestar de los niños».

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Cabe recordar que con la nueva propuesta los integrantes de los tribunales quedarán eximidos de sus tareas docentes, siendo sustituidos mediante integrantes de las bolsas de trabajo mientras dure el procedimiento. En este sentido, la carta alerta de que derivará en «una rotación inmediata del personal», pues los interinos y sustitutos son potenciales aspirantes a las oposiciones. El resultado, a su juicio, será numerosas bajas temporales, sustituciones de última hora sin continuidad pedagógica y desajustes logísticos y de planificación de los centros educativos». Problemas que, desde su punto de vista, no se dan con el modelo actual, en el que por ejemplo no hay prácticamente coincidencia entre las sesiones lectivas y el inicio de los procesos selectivos.

«Si las pruebas se programan en septiembre, los docentes que formen parte de los tribunales se verán obligados a aparcar temporalmente su trabajo en el aula justo en el inicio de curso, uno de los periodos más sensibles y exigentes», se dice, lo que provocaría «interrumpir la vinculación con el alumnado en un momento clave de establecimiento de rutinas o delegar su responsabilidad en sustitutos de forma precipitada».

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Los profesionales también alegan que las condiciones climatológicas no son las más adecuadas en septiembre, que se produce un «efecto dominó» a nivel administrativo (su nombramiento como funcionarios en prácticas se retrasaría a septiembre de 2027, cuando con el sistema vigente se empezaría en septiembre de 2026) o que se produciría un efecto llamada hacia aspirantes de otras comunidades, que verían la opción valenciana como una alternativa adicional para conseguir una plaza fija: siempre que tuvieran un C1 de Valenciano nada les impediría presentarse en su región de origen en junio y si no consiguen plaza probar suerte tres meses más tarde en la Comunitat.

«Por todo lo expuesto, solicitamos a la Conselleria de Educación que mantenga la convocatoria de oposiciones en el mes de junio de 2026, lo que garantizaría una mayor coherencia pedagógica, una mejor planificación organizativa y una protección adecuada tanto de los derechos del profesorado como de las necesidades del alumnado», sentencia la misiva.

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