«La justicia no ha llegado a las residencias»

La Plataforma, como se denomina esta entidad, echó a andar ayer públicamente cargando contra la falta de una respuesta judicial efectiva por los fallecidos en los geriátricos durante la pandemia, especialmente en la primavera del año pasado, así como por la inacción de la administración, en este caso las autonómicas que son las que tienen delegadas las competencias en servicios sociales.

«La Justicia no ha entrado en las residencias», resumió María José Carcelén, una de las dirigentes de la nueva asociación. Carcelén puso sobre la mesa, aunque no concretó, una serie de denuncias presentadas por el fallecimiento de residentes que los tribunales han desestimado «sin escuchar a los familiares».

También indicó Carcelén que se requiere «de un rigor y sensibilidad especiales de la Justicia para afrontar el análisis de unos acontecimientos todavía por investigar, y una inmersión (formación) de jueces, fiscales y secretarios judiciales en los derechos de las personas mayores».

Los representantes de la Plataforma, entre los que también se encuentran Paulino Campos, representante por Galicia, y Miguel Vázquez, desde Madrid (Carcelén está por Cataluña), reclamaron, además, que asuman responsabilidades las administraciones en general y en particular quienes pusieron en marcha protocolos sanitarios por los que los residentes con pluripatologías, o los que sufrían deterioro psíquico, y se contagiaban de Covid-19 durante la primavera del año pasado no tenían que ser atendidos en los hospitales.

«La Fiscalía de algunas comunidades autónomas lleva casi un año sin pronunciarse sobre decenas de denuncias por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones o denegación de auxilio, formuladas contra direcciones de residencias y cargos políticos responsables de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, como consecuencia de los protocolos y directrices para la no derivación de los residentes a los hospitales», sostiene la Plataforma en un decálogo en el que abogan por un nuevo modelo residencial.

Exigen a las fiscalías que se pronuncien sobre estas denuncias y se apoyan en que existe «un interés social evidente en que se esclarezca qué ha pasado con las 40.000 víctimas del Covid-19 en residencias», entre las que incluyen los fallecimientos de personas «en circunstancias indignas» con síntomas pero sin que se les certificara el virus. «No hagamos más cunetas en la historia», apuntó Paulino Campos.

Y como no tienen la posibilidad de promover una causa judicial unitaria en España sino que tienen que promover denuncias en cada circunscripción judicial, ayer se mostraron decididos a acudir ante la justicia europea, algo que tienen en estudio, para poder plantear esa causa común.

Tampoco descartan dirigirse al Parlamento Europeo para que esclarezca «la tragedia humana» que ha sucedido y pidieron la creación de comisiones de investigación en cada parlamento autonómico para que realicen «un relato exhaustivo de lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia».

Defienden que se incluya en las agendas de todos los gobiernos «un cambio de rumbo en la política de servicios sociales que evite el actual maltrato institucional a los derechos de las personas mayores y dependientes».

En la Plataforma se muestran partidarios de la reversión de las residencias de titularidad pública regidas por empresas privadas, que las administraciones creen más plazas, que los nuevos establecimientos tengan un máximo de 60 camas y que sea individuales para que «prevalezca un modelo de humanismo, justicia y cercanía», dijo Paulino Campos. Consideran que la atención a los mayores y dependientes «debe de entenderse como un servicio público».