La jueza de la dana, sobre las insinuaciones del papel de su marido en la causa: «Destilan un machismo atroz»

Ruiz Tobarra señala en un extenso auto firmado el pasado lunes que algunos artículos publicados por la prensa albergan, en el apartado destinado a comentarios, «un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido». Esta respuesta se ha producido a un escrito presentado por José María Bueno Manzanares, el abogado defensor del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (imputado en la causa), en el que cuestionaba por el número de interrogatorios de la causa en los que había participado el marido de la magistrada, si ha participado en la redacción de resoluciones o si consta en autos algún tipo de autorización para estos fines.

Ante ello, la jueza de la dana califica sus peticiones como «el enésimo capítulo en una estrategia de defensa que de forma burda" que pretende apartarla del procedimiento judicial.

La instructora recuerda los sucesivos intentos de dejarla al margen de la causa alegando que se intentó inicialmente poniendo en duda la competencia territorial de la instrucción para formalizarlo posteriormente ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este respecto, Ruiz Tobarra recuerda que uno de los fundamentos del Estado de Derecho, reconocido constitucionalmente, es la independencia e inamovilidad de jueces, magistrados, así como del juez ordinario predeterminado por la ley. «Los jueces no se eligen por las partes», sentencia.

Según la magistrada, el escrito de la defensa de Argüeso pretende acreditar que el procedimiento judicial de la dana lo dirige su esposo al dar a entender que dirige interrogatorios y dicta resoluciones. Es por ello que acusa al letrado de violar «frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional» en el ejercicio de la abogacía. «Se pretende convertir por el letrado sr. Bueno este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido», señala.

Ruiz Tobarra recuerda que la representación de la exconsellera Salomé Pradas, la otra investigada en la causa, ya presentó tres quejas ante el CGPJ o la interposición de una querella por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, practicada por el abogado de Argüeso, contra ella y su marido. En este punto hace un alto para detenerse en la publicación en prensa digital de una serie de fotografías en las que aparece la jueza junto a su marido e incluso con su hija menor de edad así como el método de obtención.

Sobre el orígen de estas imágenes, la magistrada explica que uno de los letrados que participó telemáticamente vía webex en la declaración continuó utilizando el sistema con la cámara que permite ver la imagen del letrado apagada después de que se hubiese cerrado el programa para la filmación de las testificales. Esto provocó que siguiera «grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la Sala, no solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la Sala en dicho día, tras la práctica de la declaración».

«Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante», alega con indignación la instructora mientras que recuerda que en un auto del 11 de abril ya adoptó las medidas pertinentes para que no se obtuvieran ni difundieran imágenes de los investigados en las declaraciones: «La cámara me enfocaba en todo momento a mí».

En este sentido denuncia que los fotogramas en los que aparece con su cónyuge se ha remitido como supuesta prueba al CGPJ y reitera que no existe ninguna imagen de los investigados durante las declaraciones, ni de ningún testigo o perito declarando: «Se ha respetado su imagen». De hecho, la jueza achaca a la defensa de Argüeso que ante un interviniente en el proceso cuya declaración no se ajusta a sus deseos, «interesa pruebas que tienen como finalidad exclusivamente la descalificación personal». Propone como ejemplo de esto la solicitud de practicarle un examen forense al jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, por si padeciera alguna patología psiquiátrica o neurológica.

Ante estos hechos, la jueza ha ordenado la apertura de una pieza separada para determinar "la procedencia de sanción por el contenido de dicho escrito y documental aportada con el mismo" contra el letrado Bueno Manzanares.