Los drones, nuevos aliados para colar móviles en las cárceles valencianas

«Los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes», lamentan desde Acaip mientras advierten de que los terminales de nueva fabricación son cada vez más pequeños y, gracias a los materiales plásticos que los componen, «escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados». «Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros», denuncian el sindicato a través de un comunicado que tilda a los drones como una «grave amenaza para la seguridad».

Acaip-UGT justifica su temor a este tipo de aeronaves con su enorme capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión en el interior de las prisiones y los llega a calificar como«vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros».

«Frente a este panorama, es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad. Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones. Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas», continúa el escrito remitido por el sindicato de funcionarios de prisiones.

Cabe recordar que la normativa de presiones mantiene la prohibición a los internos dado que su acceso a un celular les permitiría eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles. Esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social.

Los trabajadores de las cárceles alertan de que teléfonos móviles se han convertido en uno de los «objetos más codiciados» en prisión, advirtiendo de que su presencia genera «un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno». Entre 2018 y 2024 se han incautado un total de 653 terminales en el centro penitenciario de Valencia situado en Picassent.

En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882. Sólo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 72 fueron requisados en la prisión de Picassent.

Desde Acaip-UGT ponen en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, «continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando».

Asimismo, desde el sindicato alertan de que muchos estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

Por ello, insisten en que la seguridad en el interior de estos centros «es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción». La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles «desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario». Aseguran también que la lucha contra esta amenaza debe ser «una prioridad» para la Administración y abogan por dotar a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros.

«Desde Acaip-UGT reclamamos una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante. La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica», acaba el comunicado.