La deuda sanitaria del Gobierno con la Comunitat aumenta otros 35 millones en un año

La región valenciana es claramente receptora de turistas, no sólo en verano, sino durante todo el año, y eso implica que muchos de esos visitantes necesitan en algún momento ir al médico en los centros valencianos por algún tipo de problema. Mucho más que en la mayoría de las comunidades, con menor atracción turística. El sistema valenciano de salud atiende al paciente pero es obligación del Estado correr con los gastos que genere esa cita médica, ya sea programada o de urgencias.

Pero en la realidad no es así y el agujero cada vez es mayor. En estos doce años (desde 2013) el Gobierno ha ido haciendo mínimas aportaciones, como la del pasado 31 de julio, cuando abonó 91,3 millones del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), pero ni mucho menos han sido suficientes para rebajar la deuda. Lejos de eso, sigue incrementándose. Estos más de mil millones son una cantidad que el ministerio debe abonar a la Conselleria de Sanidad como compensación de la asistencia y que el gobierno valenciano reclama al nacional.

En el desglose de cifras, la mayor parte con mucha diferencia corresponde a la asistencia con el médico especialista, con un montante de 887,4 millones de euros. Una cantidad que también ha crecido en el último año en 88,5 millones, tanto en los hospitales como en consultas externas. Sin embargo, en los centros de salud las cifras son muy inferiores. Principalmente porque no se llevan a cabo operaciones ni pruebas complejas, como sí ocurre en los hospitales. La deuda en la Atención Primaria es de 23,1 millones.

También la gran mayoría de la deuda es de personas procedentes de otras regiones españolas, ya que en lo concerniente a extranjeros, la parte que está sin abonar a la Comunitat es de 98,3 millones, una cantidad que también se ha incrementado en algo más de 15 millones este año.

Se refiere a la asistencia sanitaria prestada a pacientes de otros países cubiertos por otros sistemas de salud, ya sea con Tarjeta Sanitaria Europea o países con los que España tiene suscrito un convenio de asistencia. El resto, es decir 941 millones, corresponde a españoles de otras regiones. Especialmente los que vienen desde ambas Castillas, Madrid y Aragón, que suelen ser los mayoritarios, aunque también llega gente desde otras comunidades a las zonas turísticas valencianas.

Por lo que respecta a la cantidad que el Gobierno sí pagó en julio (esos 91 millones mencionados), corresponde a la compensación del gasto sanitario por la etapa 2013-2023, que era de 99,6 millones, por lo que aún falta por pagar 8,2. Y a ese importe hay que añadir lo acumulado durante los dos últimos años. En concreto de 2024 son 11,2 millones y de 2025 hay pendientes 11,5 más. Sumados los tres conceptos el total es 30,9 millones de euros.

Esos pacientes provenientes de otras autonomías españolas desplazados temporalmente a la región valenciana pueden ser turistas, visitantes de corta estancia o por otros motivos, ya sea de trabajo, estudios, etc. Ese gasto sanitario suele aumentar especialmente en verano, cuando la masiva llegada de visitantes a las zonas turísticas, sobre todo las playas, conlleva también frecuentes atenciones en hospitales y centros de salud a gente que proviene de otros puntos de España.

El problema añadido es que muchos de los visitantes a las zonas turísticas, sobre todo fuera de temporada de verano, son en un gran porcentaje de personas mayores, normalmente jubilados, muchos de ellos pluripatológicos y que suelen necesitar atención sanitaria durante su estancia en la Comunitat, lo que aumenta esta deuda del Gobierno.

Y en cuanto a los extranjeros, la cifra es muy baja en comparación con la de los españoles porque las visitas de este grupo son de menos tiempo de duración y los que vienen para más días acuden normalmente a clínicas privadas si tienen algún problema de salud.

Este importe se debería haber abonado a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGA) un instrumento creado para compensar la asistencia a pacientes desplazados de otras comunidades y del Fondo de Cohesión, por el que se paga el gasto por la atención al colectivo extranjero. La finalidad del FOGA es reponer el coste que generan determinadas comunidades autónomas que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat.

Este hecho provoca un desequilibrio económico entre las autonomías, que se ha de compensar, algo que la Comunitat lleva reclamando desde hace más de una década. Son objeto de compensación económica determinados tipos de asistencias que hayan sido derivadas previamente entre autonomías con carácter programado y que cumplan determinados requisitos.