El deslinde del Saler pone fecha de caducidad al Parador del Ministerio

La situación del Parador de Turismo tiene su aquel. Para que nos entendamos, el Ejecutivo está amparado legalmente a mantener la actividad mediante una concesión de 75 años de vigencia, algo que presumiblemente podría ocurrir. Salma Cantos Salah, abogada directora de la boutique legal 'Salma Cantos-Derecho Público', explicaba a LAS PROVINCIAS que e acuerdo con la Ley estatal de Costas, el deslinde conlleva la pérdida de la propiedad, y la inclusión del suelo en el dominio público, en concreto, en el dominio público marítimo-terrestre estatal. Ello implica la posibilidad de que el Estado otorgue una concesión de uso del suelo al propietario por un máximo de 75 años.

«Si el suelo pertenece a Paradores, aunque sea una empresa pública estatal, al tener personalidad jurídica propia, podría ser titular de dicha concesión, conforme a la ley, en sentido estricto. A priori, lo lógico y previsible sería que se otorgue. Y más, si se considera que Paradores nacionales tiene adjudicados contratos con empresas terceras, para la gestión de los mismos. Asimismo y en relación al tipo de actividad, el deslinde por sí mismo, no limita la actividad hotelera (afecta al título de propiedad)», aporta Cantos.

Por lo tanto, a nivel legal el Gobierno podría mantener la actividad y estaría en su derecho de hacerlo. Sin embargo, la experta plantea un matiz: «Otra cosa sería que pudiera apreciarse cierta incoherencia en la actuación del Estado». Al respecto de la apreciación de Cantos, desde la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas apuntan que la razón de ser de los deslindes del Gobierno pasa por proteger el entorno natural del frente litoral. Mantener una actividad humana en ese suelo que se pretende proteger carecería de sentido en sí mismo, según defienden los afectados.

De hecho, el hotel Sidi Saler se encuentra en punto muerto desde hace más de una década precisamente por una situación similar, que no igual. Las licencias de actividad en este recinto no se pueden otorgar porque el complejo se encuentra en suelo de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno es el propietario de dicho suelo, y pese a los intentos del Ayuntamiento de Valencia por solicitar una concesión para rehabilitar el espacio en un hotel para clientes sénior, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) sigue sin mover ficha al respecto. En el caso del Sidi, apunta Salma Cantos, la situación es «distinta» porque el complejo, además, «carecía de autorización urbanística de actividad. Aspecto adicional y concurrente al tipo de titularidad (en la costa mediterránea hay otros hoteles en dominio público, en concesión)».

Con todo ello, desde la asociación de afectados por los deslindes califican de «incongruente» que se fuera a otorgar una concesión de uso del suelo a Paradores (gestionado por una empresa pública dependiente del Ministerio de Turismo) mientras ser ha bloqueado durante años la situación del hotel Sidi (anteriormente de gestión privada). Los afectados alegan que si el Estado «actuara con coherencia», debería de eliminar la actividad del Parador de cumplirse el deslinde planteado por el propio Ejecutivo.

De esta manera, el cierre de Paradores podría llegar a producirse -si no se otorga concesión del uso de suelo- en cuanto se hiciera efectivo el deslinde, lo que calculan algunos implicados que podría darse en unos dos años. Si el Gobierno, por otro lado, acabara por conceder la concesión, lo más probable es que el Parador aguantara un máximo de 75 años hasta s cierre definitivo.