El TSJ aumenta las plazas de Infantil que Educación bajó en 34 localidades

Una madre y su hija, camino del colegio en el primer día de clase./K. F. / EFE
Una madre y su hija, camino del colegio en el primer día de clase. / K. F. / EFE

El tribunal adopta medidas cautelares para el año que viene tras el recurso presentado por centros concertados y sube la ratio de 23 a 25

JOAQUÍN BATISTAVALENCIA.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha paralizado la reducción de las plazas de 1º de Infantil (tres años) en 34 localidades al aceptar la medida cautelar solicitada por Escuelas Católicas. La patronal concertada ha presentado un recurso contra esta decisión de la administración, que implicaba que para el curso que viene los centros públicos y concertados de estos municipios ofrecieran 23 puestos en lugar de los 25 que como máximo recoge la ley.

La organización ya hizo lo mismo con las órdenes que permitieron la bajada para el 2017-2018 y el 2018-2019, aunque sin pedir cautelares. De hecho el primer procedimiento se resolvió con una sentencia favorable a la patronal, aunque sin efectos pues llegó con el curso acabado. En síntesis, siempre ha defendido que la norma implica limitar la libertad de elección de las familias que quieren entrar en un centro y no tienen opción porque este sólo ofrece 23 plazas, dejándose dos por el camino. Además, considera que se puede mejorar la atención con otras medidas como desdobles y con más dotación de recursos.

Municipios que recuperan plazas de infantil

VALENCIA
Alaquàs, Albaida, Alabl, Algemesí, Alzira, Benetússer, Canals, Carcaixent, L'Alcúdia, Mislata, Oliva, Ontinyent, Quart de Poblet, Sedaví, Tavernes de la Valldigna, Villanueva de Castellón, Xàtiva y Xirivella.
ALICANTE
L'Alfàs del Pi, Alcoy, Cocentaina, Elda, Pinoso, Monóvar, Novelda, Petrer, Villena y Xàbia.
CASTELLÓN
Burriana, Castellón de la Plana, La Vall d'Uixò, Nules, Segorbe y Vila-real.

El efecto de la suspensión temporal es que obliga a rehacer parcialmente la admisión en las 34 localidades, que ya estaba finalizada, pues todas sus escuelas vuelven a tener 25 plazas. Fuentes de Educación explicaron ayer que ya se ha informado a los colegios y que con ayuda de la inspección se está contactando con las familias que no pudieron entrar en alguno -quedaron en los puestos 24 y 25- para ofrecerles las plazas ganadas y en caso afirmativo facilitarles el cambio, pues ya están matriculados en un centro distinto. De los 283 colegios afectados por la cautelar en 75 hubo más demanda que oferta, o lo que es lo mismo, hay lista de espera y potenciales beneficiarios de la decisión del tribunal.

La decisión implica rehacer la admisión en 75 centros donde hubo más demanda que oferta

El auto considera que se dan las condiciones para aplicar la cautelar, que suele ser excepcional. Por un lado se refiere al peligro de mora procesal, que viene a decir que la duración del procedimiento judicial implicaría que, en caso de sentencia favorable a Escuelas Católicas, esta no tendría efectos porque la admisión de alumnos ya no podría corregirse. Además destaca que ya existe un fallo previo -el citado- que anuló la orden que se aplicó en el 2017-2018. Eso sí, fue recurrido por Educación ante el Supremo.

En esta sentencia el tribunal defendió que la conselleria se excedió en sus competencias sobre las ratios al considerar que es el Gobierno quien tiene potestad para fijarlas. El departamento que dirige Vicent Marzà siempre ha argumentado que la bajada se aplica en municipios donde la población escolarizable se ha reducido de manera clara, lo que permite minorar la oferta y de paso tener aulas menos masificadas, mejorando la atención.

Csif reclama cambios en las oposiciones tras «el gran número de suspensos»

El sindicato Csif ha reclamado cambios de cara a las próximas oposiciones docentes ante «el gran número de suspensos» que se han dado, por lo que insta a Educación a que «se siente a negociar de inmediato» medidas como la publicación de los criterios de evaluación tres meses antes de las pruebas, la disminución de la ratio por tribunal para que no supere los 30 aspirantes o la opción de que el interesado pueda revisar su examen.

La organización sindical explicó en un comunicado que «los resultados de las oposiciones, con un elevado número de suspensos y con más de 400 plazas desiertas, indican que los criterios de evaluación dictados por la conselleria y que ha exigido aplicar a los tribunales de las oposiciones no son los idóneos».

Csif pidió que se inicie de inmediato un proceso de negociación para escuchar propuestas y poner en marcha las medidas correctoras necesarias. En este sentido el sindicato plantea varias ideas, además de las citadas, como indicar en los exámenes, especialmente en el práctico, la puntuación en cada apartado, o que el derecho a la revisión incluya una explicación al opositor. También ha pedido a la conselleria que traslade al ministerio que las pruebas no sean eliminatorias, de manera que todos los aspirantes puedan defender su programación y la unidad didáctica, porque es en esta fase «cuando puede demostrar su capacidad pedagógica». Por último, reclama que las vacantes se vuelvan a ofertar en la convocatoria de 2020.

Es la misma idea que ayer defendió el secretario autonómico, Miguel Soler, quien adelantó que van a cumplir la medida cautelar pero que recurrirán la sentencia final si es contraria a sus intereses . «Defendemos que como comunidad autónoma podemos reducir la ratio. No somos los únicos, se ha hecho en otras. Tampoco en el ministerio lo entienden, están de acuerdo con nosotros y seguiremos trabajando para reducirlas más», dijo. También mostró su «sorpresa» por un recurso contra una medida «que toda la comunidad educativa considera que es la mejor que se puede tomar» y defendió que «no estamos hablando de un derecho a tener más clientes en un aula, sino de cómo podemos mejorar la atención del alumnado».

Rechazo del Stepv

El sindicato Stepv fue el primero en dar a conocer la cautelar tras ser informado desde los centros y mostró su rechazo «absoluto» a la medida antes de instar a Educación a no perjudicar a los colegios. También dijo que la patronal «antepone su interés económico a la calidad del servicio». Además, no descarta impulsar movilizaciones de protesta.