Los agentes medioambientales de la CHJ no trabajaron en las horas decisivas de la dana

La retirada de la unidad de bomberos forestales desplazada para seguir de cerca la evolución del barranco del Poyo la mañana del 29-O, que posteriormente fue desmovilizada sin motivo aparente, o la orden interna de la Conselleria de Medio Ambiente para que sus efectivos «no realizaran su trabajo en el medio natural» han centrado hasta ahora buena parte del debate sobre la competencia a la hora de vigilar los cauces. Sin embargo, esta nueva versión de los hechos reconocida por la CHJ desmonta toda su estrategia de evadir responsabilidades en lo que al control de caudales se refiere.

PP y Vox exigieron al organismo de la cuenca un listado de los agentes medioambientales de la Confederación que estuvieron en activo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre «con detalle de las funciones que asumieron y de los horarios en los que estuvieron colaborando con la gestión de la emergencia de la dana y la riada».

El servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la CHJ cuenta con una plantilla de 55 empleados, bien agentes medioambientales (AMA) bien guardas fluviales (GF), distribuidos por toda la demarcación del Júcar. En general, cada agente tiene asignado un sector de territorio, donde ejerce sus competencias en materia de policía de aguas, que vienen establecidas en el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001). Además, existen cuatro zonas, que agrupan diferentes sectores, que cuentan con un jefe de zona y dos responsables de subzona.

De los diez efectivos cuya zona se vio afectada, sólo uno continuó remitiendo información de caudal, en concreto del río Magro, más allá de las 17:00 horas de la tarde, momento en el que acababa la jornada laboral para estos trabajadores si no lo había hecho a las 15:30, tal y como estipula un cuadrante que figura en el informe de la CHJ. Sea como fuere, ningún responsable de mayor rango les obligó a permanecer operativos pese a estar decretada una alerta roja por emergencia.

De hecho, este agente del sector de Utiel «estuvo informando que el nivel del río Magro seguía creciendo y la corriente estaba arrastrando coches» al presidente Miguel Polo a las 18:28, según se desprende del registro telefónico del propio mandatario. Dicha comunicación duró un minuto y cinco segundos.

Los agentes CHJU0499 y CHJU7626 (jefe de zona y responsable de subzona, respectivamente) trabajaron no sólo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, sino también del 1 al 3 de noviembre. Eso sí, el segundo se ausentó de su puesto de trabajo a partir del día 30 por el fallecimiento de un familiar, siendo baja justificada. Otro de los responsable, el encargado del sector 64, se encontraba de baja médica mientras el efectivo CHJU1709 sufrió la pérdida del vehículo «en el desempeño de sus funciones» en la zona de Utiel.

«El resto de Guardas y Agentes realizaron sus funciones mayoritariamente en horario de mañana, según el detalle de la tabla anterior», defiende la CHJ sobre una tabla que demuestra que cuatro de estos trabajadores laboraron de 8:00 a 17:00, otros dos lo hicieron de 8:00 a 15:00, otro par lo hizo de 8:00 a 15:30 y otra pareja de 7:30 a 15:00 el día de la dana.

El ente de la cuenta relata que las labores desarrolladas durante los días 28 y 29 de octubre de 2024 por este grupo de trabajadores consistieron principalmente «en la vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio de avenidas del día 29 de octubre».

En cambio, en los días posteriores a la tragedia, la labor principal consistió en la evaluación de daños al dominio público hidráulico y la atención y resolución de dudas a las personas, en la medida de lo posible, «dado que los caminos y accesos estaban muy dañados y la disponibilidad de coches se vio comprometida».

«Estas labores se complementan con la elaboración de informes y la gestión de la información recogida en campo, que se realiza en oficina, o en este caso, en el domicilio, durante parte de la jornada laboral», acaba la CHJ en el informe remitido a la comisión de investigación del parlamento valenciano.