102 detenidos, cero en prisión

Dos de enero, tres detenidos por saquear una explotación minera de Venta del Moro y hacerse con 1.200 kilos de cobre. Cinco de febrero, cuatro arrestados por robar nueve toneladas del mismo metal en Novelda. Diez de febrero, 13 acusados (6 detenidos y 7 imputados) por una oleada de robos en toda España, incluida la Comunitat, que afectó a líneas férreas y alumbrado público. 17 de marzo, 10 apresados por sustraer 16 toneladas de cobre que revendían luego en chatarrerías de Bellreguard, Dénia, Benissa, El Verger... Las anteriores fechas corresponden todas a 2015. Los asaltos y los arrestos se sucedieron durante todo el año. Como lo siguen haciendo en 2016. Y como lo hicieron en 2014, 2013, 2011... Y hay otra cosa que no ha cambiado en todo este tiempo. Pese a los muchos arrestos, el castigo penal para los delincuentes es prácticamente nulo.

Basta contemplar las detenciones del año pasado para cerciorarse de esa realidad. Durante 2015, al menos 102 personas fueron arrestadas en la Comunitat como presuntos autores de robos de cobre u otros metales.. «¿Queremos saber cuántos de estos delincuentes están en la cárcel?», fue la pregunta lanzada hace una semana desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). El campo, con el saqueo de casetas de labranza, motores de riego y conducciones de goteo, es uno de los sectores más golpeados por esta lacra. El año pasado sufrió 15 millones en pérdidas. Y la respuesta a su pregunta no ofrece un panorama muy halagüeño.

Sin respuesta de Interior

Como ha comprobado LAS PROVINCIAS tras consultar con fuentes judiciales, ninguno de los al menos 102 delincuentes que acabaron en manos de las Fuerzas de Seguridad de la Comunitat han ingresado en la cárcel. El concepto de 'prisión' sólo aparece vinculado al robo de cobre en una sentencia dictada en agosto de 2015 por la Audiencia de Alicante que impuso un año de privación de libertad a dos operarios de una subcontrata de FGV por robar cable de cobre en una empresa de El Campello. Al no tener antecedentes, tampoco ingresaron en prisión.

Pese a los muchos años que vienen produciéndose ya estos saqueos (el robo y posterior tráfico de cobre se ha convertido en un lucrativo negocio desde que estalló la crisis) y pese a la puesta en marcha, a bombo y platillo, por parte del Ministerio del Interior en agosto de 2015 del rimbombante 'Plan Permanente de Respuesta a las Actividades Ilícitas Relacionadas con el Cobre', la incidencia de estos robos sigue teniendo en jaque al sector del campo, a las chatarrerías y a los dueños de naves industriales.

Uno de los objetivos marcados el año pasado por Interior fue elaborar un censo de «industrias, depósitos, redes de distribución, de servicios y otras instalaciones donde se fabrique, procese, utilice o almacene el cobre que es susceptible de ser sustraído», así como un mapa con las zonas más golpeadas por los grupos delictivos». Medio año después de aquella iniciativa, ni rastro de esos datos. La petición de LAS PROVINCIAS al Ministerio para poseer esa información directamente no es contestada.

«Estamos hartos. La mitad de los negocios han cerrado por los robos o por la competencia desleal de los que venden el cobre en el mercado negro. Mejor no te dejo ni entrar, porque fijo que luego seguro que me metes en el 'ajo' de los delincuentes. Y eso que tengo todos los papeles en regla, que la Guardia Civil me ha visitado dos o tres veces en el último año para comprobar que todo estaba correcto y que informo de cualquier venta relacionada con el cobre», asegura a este periódico el dueño de una chatarrería ubicada junto a la V-30, a tiro de piedra de Valencia. Luego cierra la puerta metálica de su empresa con un sonoro chasquido.

Un botín de medio millón

Las últimas cifras oficiales dadas por las Fuerzas de Seguridad corresponden a 2014 y en toda España. Ese año, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas, recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre sustraído. En el período 2011-2014 se llevaron a cabo 11.442 arrestos, se hallaron 2.600 toneladas de cobre y 17.300 kilómetros de hilo robado.

Oficiosamente, anualmente se roban unas 200 toneladas de cobre en la Comunitat Valenciana. Su precio ha bajado mucho en los últimos años. Lejos quedan los nueve euros a los que se llegó a pagar el kilo en todo lo álgido de la crisis. Hoy en el mercado legal no supera los cinco euros de cotización. Si se vende de manera ilegal, apenas la mitad. En cualquier caso, un 'tesoro' de medio millón de euros el logrado por las bandas el año pasado en la Comunitat.

Aunque ese mapa de robos anunciado el año pasado por el Gobierno sigue durmiendo 'el sueño de los justos', Interior sí reconoce a Valencia y Alicante como dos de las provincias más golpeadas por estos saqueos. Chatarrerías, empresas, naves industriales abandonadas, instalaciones agrarias, líneas férreas o instalaciones eléctricas son algunos de los puntos más golpeados por las bandas. Junto a la Comunitat, Madrid, Sevilla, Murcia, Toledo o Zaragoza son otros los los puntos negros de este tráfico ilícito, tal y como reconocen desde el Ministerio del Interior.

La Guardia Civil realiza cada año casi un millar de inspecciones en locales de reciclaje o de compra venta de material metálico en la región. El objetivo del plan anunciado por Interior contemplaba «incrementar el control de licencias y documentación de estos centros, promoviendo el posible cierre o suspensión de actividades de todos aquellos centros que carezcan de permisos o licencias». Sin embargo, años después, la principal queja de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje es la «enorme cantidad de chatarrerías ilegales» y el perjuicio que esto supone para «los pocos que actuamos cumpliendo los requisitos», como señalan desde la entidad nacional.

El reciente endurecimiento del Código Penal es el clavo al que se agarran los perjudicados para que los implicados en las sustracciones empiezan a probar el peso de la cárcel y pueda disminuir así la impunidad. Así, aunque el valor de lo sustraído esté por debajo de 500 euros, si se causan daños «de perjuicio grave» la pena puede llegar a los tres años de cárcel. En caso de reincidencia, esto supone ya el ingreso en prisión. Muchos de los asaltos cometidos el año pasado acabaron con considerables perjuicios para la ciudadanía, con cortes ferroviarios o apagones en núcleos urbanos. «La gente sigue viendo un desguace o una chatarrería y nos miran mal», lamenta el dueño de la nave junto a la V-30. Otro perjudicado a la espera de soluciones legales.